La Corte Constitucional suspendió los efectos de la Emergencia Económica decretada por el Gobierno en diciembre de 2025, en una votación de seis magistrados a favor y dos en contra. La ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis fue respaldada por la mayoría, al considerar que la medida debía tomarse de inmediato para evitar la consolidación de efectos inconstitucionales.

El magistrado Jorge Ibáñez se apartó de la discusión por haber tenido vínculos recientes con el Gobierno, lo que le impedía participar en el análisis. La Corte continuará estudiando la ponencia y deberá emitir un fallo definitivo en los próximos meses sobre la exequibilidad del decreto presidencial.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reaccionó señalando que “siempre seré respetuosa de las decisiones de la justicia colombiana y su independencia”. Para ella, más que un triunfo político, la decisión representa “la salvaguarda constitucional frente a un afán desenfrenado por tapar un hueco fiscal a costa de la inversión social en salud, educación y el deporte, para los colombianos más pobres de las regiones más apartadas del país”.

Siempre seré respetuosa de las decisiones de la justicia colombiana y su independencia. Por eso, más que celebrar la decisión de la Corte Constitucional, suspendiendo los efectos de la emergencia económica, que califiqué sustentadamente como un "raponazo" a las finanzas…

— Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) January 30, 2026

Matiz recordó que había calificado la medida como un “raponazo” a las finanzas regionales y un “asalto centralista a la autonomía regional”. En ese sentido, insistió en que “el país se construye fortaleciendo las regiones, no asfixiándolas ni debilitando su independencia”.

La suspensión de la Emergencia Económica abre un escenario de suspenso político y económico en el país, mientras gremios y dirigentes regionales mantienen sus críticas al decreto presidencial, al considerar que no existía un hecho sobreviniente que justificara el estado de excepción.