La Gobernación del Tolima adoptó medidas de control en el convenio interadministrativo que mantiene con el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima, con el propósito de evitar que personas inescrupulosas se aprovechen del servicio gratuito destinado a animales sin hogar o de bajos recursos.

Según explicó el secretario del Interior, Ricardo Suárez, se implementó una figura de supervisión para autorizar previamente cada atención.

“Toda atención va a ser autorizada por parte del supervisor, que es una persona de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, un veterinario, y obviamente pues allá en el hospital se evaluará”, señaló.

El convenio contempla dos tipos de beneficiarios: animales en condición de calle, cuya atención es totalmente gratuita, y mascotas de personas con Sisbén A, cuya atención está subsidiada en un 70%. Sin embargo, el funcionario advirtió que en algunos casos se ha identificado el uso fraudulento del sistema, lo cual ha generado gastos innecesarios y una rápida ejecución de los recursos.

“Si es un perro de raza, lamentablemente no se le va a prestar la atención, o no se van a priorizar, sino que vamos a atender a aquellos perritos que de primera vista los médicos consideren que sí pertenecen a esos estratos”, explicó Suárez, añadiendo que los profesionales del hospital ya tienen criterios para detectar posibles irregularidades.

Entre los requisitos se exige la presentación de cédula y documentos que respalden la pertenencia al grupo poblacional beneficiado.

De acuerdo con Suárez, en periodos anteriores los recursos del convenio se agotaban en tan solo uno o dos meses, debido a un uso indiscriminado del servicio.

“Claro que ellos merecen salud, pero el primer respondiente de los perros y gatos es su tutor. No pueden descargarse en el Estado para no asumir esos gastos”, puntualizó.

Estas acciones se conocen luego de que una vocera animalista presentara una denuncia ante la Personería de Ibagué por el presunto funcionamiento de un “cartel animalista”. Según el documento, algunos hogares de paso y fundaciones sin requisitos legales estarían haciendo uso de programas como estos para luego cobrar a terceros como si se tratara de atenciones en clínicas privadas.