Con el objetivo de transformar el marco normativo en una respuesta estatal real y eficaz, el senador Héctor Olimpo Espinosa radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley que crea el Sistema Integrado de Atención Exclusiva y Protección Efectiva a las Mujeres Víctimas de Violencia. 

La iniciativa parte de un diagnóstico crítico: el país cuenta con suficientes leyes de protección, pero carece de la capacidad operativa y de los mecanismos de cumplimiento necesarios para garantizar la seguridad de las mujeres.

Una "ventanilla única" con responsables, tiempos y consecuencias

Bajo el concepto de una ‘ventanilla SOS mujer’, el proyecto busca centralizar y agilizar los casos de violencia en el país. Según explicó el congresista, la iniciativa no pretende crear nuevos derechos, sino establecer los instrumentos obligatorios para que las normas vigentes operen correctamente mediante cuatro pilares: un responsable claro, un reloj de seguimiento, un registro único y consecuencias institucionales por omisión.

Durante su presentación, el senador expuso la precaria realidad a la que se enfrentan las mujeres en las regiones al acudir a una comisaría de familia, donde con frecuencia se encuentran con escenarios críticos que hoy carecen de sanción legal:

Ausencia de comisarías en los municipios pequeños.

Falta de equipos interdisciplinarios exigidos por ley.

Horarios limitados sin atención nocturna.

Omisión en el seguimiento a las medidas de protección dictadas.

Saneamiento financiero y fortalecimiento de comisarías

La propuesta también busca blindar jurídicamente y garantizar presupuesto a la plataforma SALVIA, un sistema de monitoreo y tamizaje de riesgo de feminicidio que hasta ahora operaba sin un titular definido ni asignaciones financieras estables para los próximos años.

Asimismo, el proyecto aborda una deuda histórica del Estado con las regiones: destinar el 39,7 % de sus costos operativos, equivalente a $138.174 millones anuales, a completar los equipos interdisciplinarios de las comisarías de familia, cumpliendo de esta forma con los mandatos de la Ley 2126 de 2021 cuyos plazos de implementación vencieron previamente sin cumplirse a cabalidad en cerca de la mitad del territorio nacional.

Rectoría judicial y seguimiento digital de los casos

El proyecto designa al Ministerio de Justicia y del Derecho como la entidad rectora del Sistema, argumentando que la violencia de género escala con frecuencia al ámbito penal, por lo que requiere una articulación directa con la justicia y el aparato judicial.

Adicionalmente, se implementará un Número Único de Caso de Violencia de Género, generado de forma automática para cada víctima. Este código asociará los radicados de distintas instituciones y permitirá a las mujeres consultar el estado de su proceso de manera directa y transparente, sin intermediarios.