El senador Kevin Gómez Paz lanzó una fuerte denuncia durante una intervención en la que relacionó los incendios forestales registrados en el Tolima con solicitudes de títulos mineros.

Según el congresista, su equipo ha identificado 650 solicitudes de títulos mineros que abarcarían cerca de 760.000 hectáreas en el país. De ese universo, afirmó que 311 solicitudes estarían relacionadas con proyectos de fracking.

Gómez Paz aseguró que su equipo comenzó a documentar un posible patrón de comportamiento en diferentes regiones y que el Tolima hace parte de los territorios que están siendo analizados.
Chaparral, uno de los puntos señalados.

El senador puso como ejemplo la Reserva Campesina de Chaparral, donde, según afirmó, existe una solicitud de título minero identificada con el número 504336, presentada por la empresa Cementos San Marcos.

De acuerdo con su denuncia, dicha solicitud buscaría desarrollar actividades mineras en un territorio que actualmente cuenta con restricciones derivadas de su condición de Reserva Campesina.

“Y adivinen qué, arden las llamas en este territorio”, manifestó el congresista al referirse a los incendios registrados en estas zonas.

Asimismo, planteó la posibilidad de que los incendios estén generando condiciones para modificar el uso del suelo y facilitar posteriormente la aprobación de proyectos que actualmente tendrían restricciones ambientales o territoriales.

“Hay posibles grandes beneficiarios”

El senador fue más allá y sostuvo que podrían existir posibles beneficiarios de la pérdida de cobertura vegetal y recursos naturales provocada por los incendios.

“Mientras eso pasa y las llamas consumen, hay posibles grandes beneficiarios”, afirmó Gómez Paz, quien aseguró que su equipo continuará recopilando información para sustentar sus señalamientos.

El congresista también mencionó la importancia de las áreas destinadas a la producción de alimentos y cuestionó cualquier intento de modificar las restricciones que protegen estos territorios.

Gómez Paz apunta al Gobierno Nacional

La denuncia tomó un fuerte componente político cuando el senador señaló directamente al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Según el congresista del Pacto Histórico, detrás de estos hechos podría existir un proyecto político relacionado con decisiones sobre el territorio, la minería y el uso del suelo.