La propuesta fue presentada por las representantes a la Cámara Delcy Isaza y Cathy Juvinao, junto con el senador Santiago Barreto, y retoma una iniciativa que había sido presentada en la anterior legislatura por la exsenadora Angélica Lozano.

El proyecto plantea la creación del Proceso Único Especial de Amparo Alimentario, un mecanismo de carácter judicial que, de acuerdo con sus promotores, tendría un trámite similar al de la acción de tutela y estaría dirigido a atender casos de incumplimiento grave o reiterado.

El mecanismo podría activarse cuando el responsable acumule tres cuotas mensuales consecutivas sin pagar o seis cuotas incumplidas de manera discontinua.

La propuesta también establece términos específicos para reducir los tiempos del proceso. Una vez presentada la demanda, el juez tendría 48 horas para admitirla y, después de recibir las pruebas, un plazo máximo de cinco días hábiles para tomar una decisión. Si se ordena el pago, el deudor tendría otros cinco días hábiles para cancelar la totalidad de la deuda.

Embargos desde el inicio del proceso

Uno de los elementos que incorpora la iniciativa es la posibilidad de que el juez adopte medidas cautelares desde la admisión de la demanda. Entre estas medidas se contempla el embargo de bienes, con el objetivo de evitar que el responsable pueda ocultar su patrimonio o continuar evadiendo la obligación alimentaria mientras avanza el proceso.

La representante Delcy Isaza, quien lidera la presentación del proyecto en esta legislatura, señaló que el incumplimiento de las cuotas tiene un impacto particular sobre las mujeres y los hogares monoparentales.

Según las cifras incluidas en la iniciativa, el 92 % de los procesos por inasistencia alimentaria son promovidos por mujeres, frente al 8 % iniciado por hombres.

“El proyecto responde a una realidad que golpea especialmente a las mujeres y a los hogares monoparentales. Actualmente, ellas promueven el 92 % de los procesos por inasistencia alimentaria, frente al 8 % iniciado por hombres, lo que evidencia una profunda brecha de género y una forma persistente de violencia económica”. Para Isaza, estos datos muestran que el problema no se limita al incumplimiento de una obligación económica, sino que también tiene consecuencias sobre quienes asumen el cuidado de los menores.

Por su parte, la representante Cathy Juvinao sostuvo que el objetivo es reducir los tiempos que enfrentan las familias cuando deben acudir a la justicia para obtener recursos destinados a sus hijos. Juvinao agregó que la propuesta busca garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan contar con recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación, vestuario y acceso a internet.

Aunque la problemática afecta principalmente a madres cuidadoras, el mecanismo propuesto no estaría limitado a las mujeres. De acuerdo con el proyecto, podría ser utilizado por cualquier persona que tenga a su cargo a un niño, niña o adolescente y enfrente el incumplimiento de una obligación alimentaria.

El proyecto inicia nuevamente su trámite en el Congreso

Con su radicación, la iniciativa comienza nuevamente su trámite legislativo. Sus promotores esperan conseguir respaldo de diferentes sectores políticos para avanzar en una propuesta que busca reducir los tiempos de respuesta de la justicia y enfrentar el incumplimiento reiterado de las obligaciones alimentarias.

El debate que comienza ahora en el Congreso tendrá como uno de sus principales puntos determinar si este nuevo mecanismo logra convertir una obligación que actualmente puede tardar meses o años en resolverse en una respuesta judicial más rápida para las familias afectadas.