¿Es Guillermo Alfonso Jaramillo el responsable de la crisis de la salud en Colombia?
Un intenso debate se vivió en el Ping Pong Político de Ecos del Combeima, donde se planteó la pregunta de si Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud y oriundo del Tolima, es el responsable de la crisis que atraviesa el sistema sanitario en Colombia. En la discusión participaron César Picón, jefe de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud; el representante a la Cámara Andrés Forero; y la periodista investigativa Ana León, de La Silla Vacía.
Desde el inicio, Picón marcó distancia de un debate electoral y aclaró el alcance de su intervención.
“Mi presencia aquí es por una invitación relacionada con la gestión de referencia y contrarreferencia dentro del modelo de atención en salud. No tengo nada que aportar en lo que tenga que ver con un debate político”, afirmó. Incluso advirtió que, si el espacio tomaba un rumbo estrictamente político, prefería retirarse.
Sobre la crisis del sistema, sostuvo que no es responsabilidad exclusiva del actual Gobierno.
“El sector salud tiene una crisis que no nació con el gobierno del presidente Gustavo Petro, sino que viene acumulándose desde la Ley 100. Hace más de 30 años venimos con un modelo enfocado en el negocio y en una lógica de mercado”, señaló. Añadió que, a diferencia de administraciones anteriores, el actual Gobierno decidió actuar fortaleciendo la red pública hospitalaria y desplegando los Equipos Básicos en Salud en todo el país.
Picón defendió esta estrategia asegurando que “son más de 90 mil personas recorriendo los territorios, llevando atención primaria y prevención”, y rechazó que se trate de una estructura burocrática con fines electorales.
“Los recursos les llegan a los hospitales, cuyos gerentes son nombrados por los alcaldes. No se puede minimizar el trabajo que están haciendo miles de profesionales salvando vidas”, expresó.
En contraste, el representante Andrés Forero consideró que el ministro sí tiene una alta responsabilidad en la situación actual. “Había problemas financieros previos, pero este Gobierno, en lugar de resolverlos, decidió agudizarlos”, afirmó. Según explicó, el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) fue inferior a lo recomendado por los técnicos del propio Ministerio, lo que habría impactado la sostenibilidad del sistema.
También cuestionó las intervenciones a varias EPS y la situación de la Nueva EPS.
“Después de dos años de intervención, la situación es dramática. No mejoró, sino que se volvió calamitosa”, dijo. Frente al decreto que permitiría trasladar cerca de 2,6 millones de usuarios a esa entidad.
Y agregó: “La casa se está incendiando y el Gobierno, en lugar de apagar el incendio, quiere meter 2,6 millones de personas más”.
Sobre los Equipos Básicos en Salud, Forero señaló presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos.
“De 1,6 billones de pesos girados, en su momento solo nos reportaron soporte de ejecución por una parte. Vemos con preocupación que mientras se destinan billones a este programa, muchos pacientes están sin medicamentos y tratamientos”, sostuvo.
Por su parte, la periodista Ana León explicó los hallazgos de la investigación publicada por La Silla Vacía. “Si bien el Ministerio transfiere los recursos a los hospitales, la labor de supervisión y control es la que está en duda”, indicó. Según detalló, la plataforma tecnológica para reportar la información presenta fallas e inconsistencias que dificultan medir el impacto real del programa.
“Las cifras de disminución de mortalidad no devienen únicamente de los equipos básicos; son una suma de factores y muchas ya venían reduciéndose antes”, precisó. Además, señaló que la recolección sistemática de datos comenzó en abril de 2024, pese a que el programa inició en 2022, lo que deja un vacío de información consolidada.
En el caso del Líbano, Tolima, mencionó la existencia de una fundación con el nombre del padre del ministro.
“Encontramos que miembros de los equipos básicos participaban en actividades convocadas por una fundación que no está registrada en Cámara de Comercio, pero que realiza actividad política en el municipio”, explicó, añadiendo que el ministro fue consultado, pero “nos dijo que no se referiría a nada que tuviera que ver con política”.
Ante estos señalamientos, Picón reiteró que no puede atribuirse clientelismo al programa.
“Si se hace una investigación en cualquier municipio del país, probablemente se encuentren afinidades políticas. Esa es la realidad, pero no se puede desconocer el trabajo en salud preventiva que se está haciendo”, manifestó.
El debate cerró sin una conclusión definitiva. Mientras el Ministerio insiste en que está enfrentando una crisis estructural heredada y fortaleciendo la atención primaria, desde la oposición y la prensa investigativa se mantienen cuestionamientos sobre la ejecución, el control y el manejo político de los recursos.
