En un país donde el transporte público no llega a todas partes, donde las distancias son largas y las vías rurales están deterioradas, la moto se ha convertido en la herramienta que permite a millones de colombianos generar ingresos, llevar comida a sus casas y responder por sus familias. La propuesta protege ese sustento sin dejar a nadie sin atención médica.

“Hoy más de la mitad de las motos no tiene SOAT. Eso demuestra que el sistema no está funcionando. No se trata de castigar a la gente, sino de arreglar lo que está mal”, afirmó Pinzón. En Colombia hay más de 12 millones de motocicletas registradas.

Menos de la mitad no tiene SOAT vigente y el 67 % de las víctimas fatales en siniestros viales son motociclistas, en su mayoría jóvenes entre los 18 y 40 años, es decir, colombianos en plena edad productiva.

Pinzón fue enfático: eliminar el cobro obligatorio no significa eliminar la atención. “La atención médica está garantizada por ley y se mantiene. Nadie quedará sin ser

atendido. Lo que cambia es la arquitectura del sistema para que los recursos lleguen directamente a clínicas y hospitales, sin intermediarios innecesarios y sin nuevos impuestos”, explicó.

Para un domiciliario, un mensajero o un trabajador independiente, el SOAT representa un gasto alto que se suma al combustible, mantenimiento y repuestos. La propuesta busca aliviar esa carga sin afectar la red hospitalaria.

La iniciativa Moto Protegida no se limita a eliminar la obligatoriedad del SOAT, incluye un paquete integral de modernización:

1. Reforma nacional de seguridad vial para motociclistas. Intervenciones focalizadas en las ciudades y corredores con mayor siniestralidad, con metas claras de reducción de muertes.

2. Tarifación diferencial por perfil real de riesgo, para quienes deseen un seguro voluntario adicional. Quien conduzca mejor pagará menos. Se acaba el castigo igual para todos y se reconoce el buen comportamiento en la vía.

3. Integración con telemetría voluntaria con incentivos. Uso de tecnología, de manera voluntaria, para premiar hábitos de conducción segura y generar información que permita tomar mejores decisiones en seguridad vial.

4. Formación técnica certificada, con beneficios para quienes opten por cobertura adicional. Incentivos económicos para motociclistas que acrediten capacitación adicional.

5. Interoperabilidad total del sistema. Integración en tiempo real entre RUNT, aseguradoras, hospitales y autoridades de tránsito para garantizar trazabilidad, transparencia y pago directo.

6. Corrección de la cadena de venta. Modernización del modelo de comercialización, reducción de intermediación innecesaria y eliminación de distorsiones que hoy incentivan la evasión.

Pinzón reiteró que su propuesta mantiene la atención médica garantizada, no desfinancia hospitales, no crea nuevos impuestos y no genera vacío institucional.

“El objetivo es claro: aliviar a quienes trabajan en moto, mantener la protección médica y salvar vidas con un sistema que funcione mejor y sea más justo”, concluyó Pinzón.