La investigación evidencia que la iniciativa, anunciada como una apuesta clave para fortalecer la atención primaria y beneficiar a cerca de 400 mil personas en municipios como Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia y Urumita, terminó en un contrato fallido por más de

$82 mil millones de pesos, un reguero de obras inconclusas y contratistas cuestionados.

En abril de 2024 el Ministerio de Salud entregó a EnTerritorio, empresa heredera del cuestionado Fonade, la estructuración y construcción de los 25 CAPS. Sin embargo, casi dos años después, el balance es alarmante: 12 proyectos con 0 % de avance, 9 proyectos con apenas 8 % de ejecución, 4 proyectos que nunca llegaron a firmarse. A pesar de la ausencia de resultados, ya se han desembolsado cerca de $16 mil millones de pesos en recursos públicos.

Las visitas a los supuestos puntos de construcción muestran un panorama desolador: lotes vacíos, huecos, vigas sueltas y cerramientos improvisados, pero ningún centro de salud en funcionamiento. No hay atención primaria, no hay infraestructura terminada y no hay respuestas claras para las comunidades que esperaban estos servicios básicos.

Adicionalmente, la investigación revela la participación de subcontratistas con antecedentes de incumplimientos, presuntas irregularidades documentales, abandono de contratos y vínculos con otros escándalos de corrupción, como los relacionados con la UNGRD. Entre estos se encuentran las empresas de construcción Marbal Ingeniería SAS, Ingeniería Vertical ING SAS, Estudios Consultorías y Obras SAS y EBM Construcciones e Interventorías SAS.

A este escenario se suma la reciente decisión del Ministerio de Salud, que suspendió y dio por terminado el convenio dejando las obras a la deriva y aumentando la incertidumbre sobre el destino de los recursos ya entregados. “¿Qué va a pasar con los $16 mil millones ya desembolsados a EnTerritorio? ¿Quedarán las obras inconclusas abandonadas en el territorio? ¿Se pagará a contratistas pese a no existir avances reales?” cuestionó la representante.

Finalmente, la congresista hizo un llamado urgente a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que actúen de manera inmediata y eviten un posible detrimento patrimonial, y asimismo se investigue a los responsables de estos proyectos que hoy dejan a La Guajira sin centros de salud y con recursos públicos en riesgo.