Un nuevo capítulo se suma a la discusión jurídica alrededor de la candidatura del exconcejal Marco Emilio Hincapié a la Cámara de Representantes.

El veedor ciudadano Gustavo Adolfo Collazos, vocero de la veeduría Tolima Despierta, insistió en una posible inhabilidad que —según él— no ha sido esclarecida por el aspirante.

Hincapié afirmó recientemente en un video que no tiene ningún impedimento para aspirar al Congreso, argumentando que “el Consejo Nacional Electoral lo dijo”.

Frente a esto, Collazos calificó la afirmación como imprecisa, indicando que “eso es una falacia”, pues —según explicó— el CNE se pronunció hace años sobre su aspiración a la Alcaldía de Ibagué, no sobre su actual inscripción al Congreso.

El veedor recordó que los regímenes de inhabilidades son distintos para alcaldes y congresistas y que, en el caso de estos últimos, las restricciones son más severas y tienen rango constitucional.

Citó el artículo 179 de la Carta Política, el cual establece que “no podrán ser congresistas (…) quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco (…) con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política”.

Según Collazos, dicho numeral cobra relevancia porque el padre del candidato, Marco Emilio Hincapié padre, es presidente de Coljuegos, entidad estatal que ejerce autoridad en el monopolio rentístico de los juegos de azar.

Esa condición, afirmó, podría ubicarlo dentro de los supuestos de inhabilidad.

Además, señaló que el Consejo de Estado ha precisado en su jurisprudencia que la verificación de este tipo de vínculos debe hacerse entre el momento de la inscripción y la elección.

En ese sentido, añadió que corresponde a las autoridades determinar si el pariente del candidato ejercía autoridad pública al momento de su inscripción.

Por ello, aseguró que, si su investigación concluye que existe una inhabilidad, acudirán a las más altas instancias.

“la veeduría Tolima Despierta irá a las últimas instancias Consejo de Estado que es quien tiene la voz mayor en estas decisiones”, dijo.

La advertencia mantiene encendida la controversia jurídica que rodea la aspiración del candidato del Pacto Histórico.