El presidente de la Asamblea del Tolima, Giovanny Molina, celebró la decisión de la Procuraduría General de la Nación de solicitar a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, que establece las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

Según el asambleísta, esta figura impone restricciones al uso del suelo sin consultar a los territorios, afectando directamente la autonomía de los municipios.

“Desde esta curul hemos defendido la autonomía de los territorios y especialmente la de los municipios de Herveo, Líbano, Murillo, Fresno, Villahermosa, Casabianca, Falan y Palocabildo”, afirmó Molina, al recordar que desde el pasado mes de abril se han venido adelantando debates en terreno sobre el impacto de esta normativa.

Durante un encuentro realizado el 20 de abril en Falan, con la participación de alcaldes, gremios, académicos y líderes sociales, se discutieron los efectos negativos que podría generar esta medida para el desarrollo económico de la región.

En ese entonces, los asistentes alertaron sobre la falta de consulta previa a los entes territoriales y la posible imposición del Gobierno Nacional sobre las decisiones locales en materia de ordenamiento.

“Hoy la Procuraduría General de la Nación nos da la razón […] ha solicitado a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo que crea este tipo de figuras, pretendiendo que el Gobierno Nacional reserve una potestad constitucional que corresponde a los municipios y departamentos”, agregó el presidente de la Asamblea.

Molina sostuvo que junto a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, han identificado una afectación directa a las comunidades por cuenta de decisiones que no han tenido participación ni concertación con los actores locales. Según su posición, la autonomía territorial consagrada en la Constitución debe ser respetada, especialmente en asuntos tan sensibles como el uso del suelo.

El artículo 32 de la Ley 2294, objeto del análisis de constitucionalidad, redefine las determinantes de los Planes de Ordenamiento Territorial e introduce las APPA como herramienta para garantizar la seguridad alimentaria nacional.

No obstante, la Procuraduría considera que dicha disposición vulnera los artículos 1, 287, 288, 311 y 313.7 de la Constitución al interferir con competencias exclusivas de los concejos municipales y los alcaldes.