En un vehemente llamado desde la Cámara de Representantes, el congresista José Alejandro Martínez Sánchez, del Partido Conservador, encendió las alarmas sobre lo que calificó como un “golpe nefasto” a la economía de diez municipios ubicados entre Cundinamarca y Tolima. Según el representante, las obras ejecutadas por la concesión Sumapaz desde 2020 han afectado gravemente el turismo y la hotelería, sectores clave para la región.

Martínez mencionó localidades como Girardot, Melgar, Ricaurte, Nilo, Agua de Dios, Carmen de Apicalá, Yacopí, Flandes, Cunday, Villarrica y Coello, señalando que desde la pandemia del COVID-19, estas zonas han enfrentado una seguidilla de intervenciones viales mal planeadas.

“Las siete unidades funcionales fueron intervenidas al mismo tiempo, lo que generó caos absoluto y una baja ocupación hotelera”, expresó.

En su intervención, el congresista rechazó de manera enfática la nueva propuesta de intervención en el sector Boquerón-La Nariz-El Diablo, en donde se plantea la construcción de tres túneles en un tramo de apenas dos kilómetros. Aseguró que no existe justificación técnica ni mejoras significativas en términos de seguridad o tiempos de operación vial.

“Estamos hablando de 27 meses de bloqueos y afectaciones viales. Esto significa un nuevo golpe para una economía ya resentida”, advirtió Martínez, quien además recordó que los contratos de concesión pueden ser modificados por mutuo acuerdo entre las partes. En ese sentido, propuso redirigir los recursos a la construcción de un nuevo puente que conecte a Ricaurte y Carmen de Apicalá, como alternativa más efectiva.

El representante anunció la radicación de una proposición de control político, en conjunto con el congresista Julio Roberto Salazar, para frenar la intervención proyectada en la Unidad Funcional 2. La iniciativa cita a la ministra de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Dirección de Tránsito y Transporte, y la concesión Sumapaz, con el fin de revisar a fondo el impacto de estas obras.

“La hotelería y el turismo —nuestra industria sin chimeneas— genera el sustento de más de 300 mil colombianos en estos municipios. No podemos permitir que esta región sea aniquilada económicamente por decisiones mal planeadas”, concluyó.