Los 'lunares' de la millonaria licitación para la actualización catastral en Ibagué
Varios reparos y observaciones formularon el concejal William Rosas y el exsecretario de Hacienda de Ibagué, Juan Vicente Espinosa, frente a la licitación por $14.550 millones que adelanta la Alcaldía de Ibagué para una nueva actualización catastral.
Como lo reveló Ecos del Combeima, se proyecta intervenir 140.000 predios urbanos y rurales en el municipio, lo que permitiría a la administración incrementar el cobro del impuesto predial a los propietarios. (Ver más: ¿Nuevo Predialazo? El trago amargo que tomarían los habitantes de Ibagué tras las fiestas)
De acuerdo con Espinosa, quien enfrentó el polémico episodio del "Predialazo" durante la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, hay aspectos preocupantes en esta nueva actualización.
Uno de ellos es que el proceso se haría de manera parcial, con los 140.000 predios seleccionados, lo cual no cubre la totalidad de los predios urbanos.
El exsecretario recordó que en su momento se demandaron las resoluciones del IGAC ante el Tribunal Administrativo del Tolima y se logró inaplicar los incrementos derivados de esa actualización parcial, esperando una intervención integral del 100%.
"Si el incremento en el impuesto predial en Ibagué se realiza con una actualización catastral parcial, se generaría un desequilibrio tributario", advirtió Espinosa.
Y añadió: "En este proceso de la Alcaldía de Ibagué se ven varias cosas que, muy seguramente, van a ser objeto de demandas. Primero, viola el principio de equidad tributaria, porque establecen que las comunas que se van a actualizar no tienen las mismas conformaciones de zonas económicas".
Espinosa también alertó sobre el impacto político y fiscal de la medida. Según explicó, si la ejecución del contrato toma siete meses, este concluiría en 2026, por lo que su aplicación efectiva sería en 2027, año electoral.
Otro punto crítico es el costo de la interventoría. Recordó que en 2016, cuando se firmó el convenio con el IGAC, no se contrató interventoría externa, sino que los secretarios de Planeación y Hacienda asumieron la supervisión.
"En este caso, el costo de la interventoría realmente es un trabajo que debería hacer el ordenador del gasto o el director del área en la Secretaría de Planeación. No tiene sentido que un tercero revise lo que yo debo revisar", señaló, al advertir que Ibagué es gestor catastral.
Incluso mencionó que hay investigaciones en curso en el país por tercerizar la operación de actualización catastral.
"La persona que, naturalmente, debe supervisar la ejecución del contrato es el mismo gestor catastral, porque bajo la norma (…) se presume con la capacidad técnica, operativa y financiera para mantener el catastro y efectuar las actualizaciones", agregó.
Como ejemplo de buenas prácticas, Espinosa citó las experiencias de Barranquilla, Bogotá y Medellín, ciudades que realizan su propia gestión catastral.
"Hoy, los organismos de control del municipio deberían estar dando una opinión, como organismos de control, sobre ese proceso que se piensa adelantar", concluyó.
Por su parte, el concejal William Rosas hizo énfasis en que la actualización debe ser progresiva y respetar la capacidad de pago de los contribuyentes.
"Son más de 30.000 predios convertidos en parcelas agroturísticas que le están haciendo conejo a la administración municipal", denunció, y recordó que está pendiente la actualización del catastro rural.
Rosas evocó lo ocurrido en el "Predialazo", cuando se subieron los avalúos catastrales y se tuvo que tramitar un acuerdo municipal para reducir la tarifa y proteger a los estratos bajos.
"Esperemos que este campanazo de alerta sea para que todos los concejales podamos realizar un acercamiento a la Secretaría de Planeación y saber cómo se ha adelantado, con un estricto seguimiento", sostuvo.
Y concluyó: "Vamos a ser, como siempre lo hemos sido, protectores de los recursos públicos y de los contribuyentes, como lo hicimos con Chucho Botero y Guillermo Alfonso Jaramillo".
Finalmente, Rosas señaló que la aprobación del Plan de Desarrollo no contempló, según él, una actualización parcial, lo cual pone bajo la lupa este proceso contractual.
