La Contraloría Municipal de Ibagué ha confirmado la existencia de hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Ibagué, tras una denuncia presentada por el concejal Jorge Bolívar el 13 de enero de 2025.

De acuerdo con el informe final de la actuación especial de fiscalización, se verificó que el SETP aumentó su contratación por prestación de servicios en más del 58% durante la vigencia 2024 en comparación con 2023, alcanzando una cifra superior a los $2.636 millones. Esta contratación presentó múltiples presuntas irregularidades, como:

• Suscripción de contratos sin afiliación a la ARL. 
• Falencias en la justificación de honorarios y necesidad de los contratos. 
• Incumplimientos en la ejecución de los objetos contractuales. 
• Incongruencias en la experiencia exigida. 
• Deficiencias en la publicación en SECOP I, SECOP II y SIA Observa.

Como consecuencia, se detectó un presunto detrimento patrimonial por $156.327.918, trasladado ya a la Dirección de Responsabilidad Fiscal. Además, se remitieron los hallazgos con incidencia disciplinaria y penal a las entidades competentes.

Avance físico del SETP solo alcanza el 10%

En cuanto al avance del proyecto SETP, la Contraloría evidenció retrasos en un 60% de los ítems establecidos, entre ellos:

• Obras inconclusas en la Carrera 5ª y la Avenida Jordán. 
• Paraderos sin instalar. 
• Centro de control y sistemas de recaudo no implementados. 
• Intervención suspendida en el centro de la ciudad.

Estos incumplimientos comprometen el cronograma proyectado en el documento CONPES 4017 de 2020, afectando el derecho a la movilidad de los ciudadanos.

El ente de control aclaró que su competencia se limita a los recursos municipales administrados por el SETP, siendo la Contraloría General de la República la encargada de los recursos de origen nacional.