Pasar al contenido principal
Econoticias y Eventos
Política
COMPARTIR
Se ha copiado el vínculo

El doble rasero del Gobierno frente a la Justicia, según la representante Castillo

La dirigente sostuvo que no se tuvieron en cuenta las garantías procesales para salir a defender a los funcionarios inmiscuidos en el caso Odebrecht.
Imagen
Luz Adriana Giraldo, fiscal general de Colombia, Iván Velásquez, embajador ante la Santa Sede.
Crédito
MEC
3 Jun 2025 - 7:09 COT por Alfonso Aya Roa

La representante a la Cámara, Marelén Castillo, criticó duramente la defensa del gobierno colombiano al embajadaor ante la Sabta Sede, Iván Velásquez y la fiscal general, Luz Adriana Camargo ante las órdenes de captura en Guatemala.

Según Castillo, el gobierno muestra un 'doble rasero' en su trato a la justicia, defendiendo a sus aliados sin exigir garantías procesales, mientras ignora o estigmatiza a otros.

“Cuando se trata de los suyos, el presidente Petro y su gabinete gritan persecución. Pero cuando los señalados no son de su círculo, guardan silencio o aplauden la estigmatización. Eso no es coherencia institucional, es conveniencia política”.

Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo no están por encima de la ley. Si hay acusaciones, deben responder como cualquier ciudadano. Y si no hay sustento, que se pruebe con hechos, no con discursos, dijo la dirigente.

Aseguró que lo que no puede seguir pasando es que el Gobierno use su poder para blindar aliados y atacar adversarios.

Concluyó que “la justicia que sirve a intereses políticos pierde legitimidad”.

 

Defensa del Gobierno

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó su preocupación y enérgico rechazo ante la emisión de una orden de captura por parte de la Fiscalía de Guatemala contra el Embajador designado de Colombia ante la Santa Sede, Iván Velásquez, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional.

En un comunicado la Cancillería colombiana indica que esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales. La utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso.