El Senado tendrá en sus manos esta semana la responsabilidad de decidir si avala o no una consulta popular para que los colombianos se pronuncien sobre modificaciones al sistema laboral colombiano.

La solicitud para convocar la consulta popular la hizo formalmente el presidente Gustavo Petro, quien radicó el documento en la Secretaría General del Senado el pasado primero de mayo.

Tras esto, la Mesa Directiva de la corporación determinó que este martes comience la discusión, se escuche primero al Gobierno Nacional, luego a los voceros de las bancadas y, finalmente, a los senadores que deseen intervenir.

Superada esta etapa se votaría si el Senado da el concepto favorable que exige la ley o no. Este paso podría darse el mismo martes o el miércoles.

El secretario general del Senado, Diego González, advirtió que, según las normas vigentes, en caso de que el concepto no sea favorable, “el Presidente de la República deberá utilizar otro mecanismo de intervención ciudadana diferente a la consulta popular”.

Desde la oposición

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, opositor al Ejecutivo, consideró que “es una consulta populista, no es oportuna ni conveniente, porque no se cumplen los aspectos de disminución del desempleo, de la informalidad e, incluso, de protección con el empleo existente”.

Agregó el senador Motoa que “el presidente Petro, con esta consulta, lo que está haciendo es anticiparse a una campaña política, abandonando aún más las responsabilidades que tiene como jefe de Estado”.

Así mismo aseveró: “Cerca de siete preguntas de las que el Gobierno quiere llevar a la ciudadanía ya existen en la legislación vigente. Hay que recordar que los conductores, las trabajadoras del servicio doméstico hace cerca de ocho años, se ha exigido por medio de la ley, que tienen que tener un contrato laboral”.

Al referirse a los gastos fiscales que representa para el país el desarrollo de la consulta, el senador Motoa aseguró que “la democracia por supuesto tiene unos costos, pero nos parece que en este caso es inoportuna y esperamos ese análisis al interior de la Plenaria cuando se tomen las decisiones”.

Concluyó que “Por eso no vemos la necesidad de elevar esa consulta populista a los colombianos”.

Desde el Pacto

Por su parte, el senador Carlos Alberto Benavides, del Polo Democrático Alternativo, de la coalición del gobierno, afirmó que el origen de la propuesta para la consulta nace del hundimiento del proyecto de ley de reforma laboral en la Comisión Séptima de Senado.  

Argumentó que “después de dos años y medio de discusiones, foros, seminarios, encuentros, consultas, audiencias, pese a todo ello, concertaciones con los gremios, incluso muchísimas reuniones con las distintas bancadas, una parte ínfima de la oposición, pero que tiene mayoría en una comisión, decide hundir el proyecto”.

Ante esos hechos, señaló el senador Benavides, “nosotros hemos decidido consultarle directamente al constituyente primario, al soberano, si está o no está de acuerdo con la reforma laboral, sí está de acuerdo con que el trabajo vuelva a gozar de dignidad y bienestar”.

Frente a los costos de la consulta y que, según la Registraduría Nacional, ascenderían a más de $750 mil millones, el senador Benavides fue enfático en manifestar que “la democracia no tiene precio. La democracia tiene que ver con la libertad, la dignidad y el bienestar para generar derechos, y si eso nos permite generar derechos, o sea, invertir en el bienestar de los trabajadores, pues creo que en eso es en lo que realmente debemos invertir”.

Así las cosas, la plenaria del Senado será la que decida si se otorga o no el concepto favorable para realizar la consulta popular que está impulsando el Gobierno Nacional, un debate en el que seguramente aflorarán argumentos a favor y en contra de la propuesta.