Confieso que este tema me incomoda escribirlo. No porque no tenga opinión, sino porque la tengo demasiado formada y desde dos lugares al mismo tiempo. Como oficial retirado del Ejército que recorrió los territorios donde la coca es la moneda con la que viven muchos campesinos y con la que se alimenta el monstruo de la guerra, y como columnista agropecuario que sabe lo que le cuesta a un campesino arrancar una mata de coca para sembrar café o cacao cuando el Estado no cumple lo que prometió.

El gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó un plan piloto de fumigación aérea con glufosinato de amonio sobre las 261,000 hectáreas de cultivos ilícitos registradas en Colombia. El plan, denominado Estrategia Esmeralda Plus, contempla dos aeronaves AT-802 operadas por Antinarcóticos, con una duración máxima de siete días y un límite de 1,000 hectáreas efectivamente tratadas. Y antes de que arrancara el primer vuelo, un juzgado de Puerto Asís ordenó suspender inmediatamente cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo.

Hagamos primero las cuentas de lo que hay que resolver. Colombia tiene cerca de 262,000 hectáreas de coca sembrada, y en Putumayo, el departamento elegido para el piloto, hay cerca de 44,440 hectáreas de coca con más de 20,000 familias campesinas con compromisos de sustitución activos que el Estado no ha terminado de cumplir. Veinte mil familias que no son narcos. Son campesinos que firmaron un acuerdo de sustitución, esperaron que el Estado llegara con el proyecto productivo prometido y el Estado no llegó. O llegó tarde. O llegó a medias. Y la mata de coca, que sí paga puntual, siguió ahí.

De las 40,565 hectáreas de coca detectadas en Putumayo, solo 5,401 podrían ser objeto de intervención, porque el 86.7% restante tiene algún tipo de protección, restricción territorial o programa estatal que impide su fumigación. Es decir que el famoso plan piloto, en el mejor escenario, tocaría apenas el 13% del problema en ese departamento. Y eso si el juez levanta la suspensión, si la ANLA aprueba los permisos ambientales, si la Aerocivil autoriza las aeronaves y si se cumple la consulta previa con las comunidades. Demasiados "si" para una medida que el gobierno presenta como urgente.

Ahora bien, tampoco voy a hacer el juego fácil de decir que fumigar es malo y ya. Porque el argumento contrario también tiene peso real. En Putumayo se deforestan 10,000 hectáreas cada año y 22,000 familias viven de la hoja de coca. Esa deforestación tiene nombre y apellido: es la coca abriendo monte para sembrar más coca. Y mientras el debate jurídico y filosófico continúa en Bogotá, los ríos del Putumayo siguen contaminados con precursores químicos, los bosques siguen cayendo y los grupos armados siguen cobrando vacuna en cada mata cosechada.

El problema de fondo no es si fumigar o no fumigar. El problema es que Colombia lleva treinta años respondiendo esa pregunta con la misma respuesta incompleta: se fumiga sin sustituir, o se sustituye sin cumplir. Y en los dos casos el que pierde es siempre el mismo: el campesino.

Mi posición es clara y la digo sin rodeos: Colombia necesita erradicar la coca. Eso no está en discusión. Pero necesita hacerlo con una estrategia integral que combine presión militar con programas serios de sustitución, donde el campesino logre salir de la coca y donde el Estado cumpla con lo que prometió. Sin los dos elementos juntos, la fumigación sola es como tapar un hueco abriendo otro.

Treinta años de fumigación con glifosato no resolvieron el problema. No porque fumigar sea malo. Sino porque nunca estuvo acompañada de lo que realmente saca al campesino de la coca: una alternativa productiva que pague igual o mejor, con la misma puntualidad y sin los riesgos que tiene hoy sembrar comida legal en Colombia.

Y termino con algo que sale del corazón, no del análisis. Recorrí este país como soldado. Vi comunidades destruidas por la guerra y por la coca. Vi madres llorando hijos reclutados a la fuerza. Vi campos que podrían producir lo mejor de Colombia convertidos en laboratorios de muerte. Y también vi, más adelante, lo que pasa cuando un cafetero del norte del Tolima logra sacar un café de especialidad que llega a una taza en Tokio o en París y recibe por él un precio justo. Vi en sus ojos algo que la coca nunca le iba a dar: dignidad.

Y aunque no soy el presidente, me encantaría ver un país donde los programas de café especial, de cacao, de aguacate y de ganadería sostenible lleguen a tiempo, cumplan lo prometido y le demuestren al campesino que sembrar vida es más rentable que sembrar muerte. Que el mundo se llene del mejor café de Colombia y no de la infame cocaína que tanta destrucción ha traído a nuestra tierra.

Ese es el país que vale la pena construir. Y para eso se necesitan aviones, sí, pero también semillas, carreteras, crédito y Estado presente.

Todo al mismo tiempo.