La autonomía universitaria es una de esas conquistas que la democracia debe cuidar con mucho celo. No es un favor del gobernante de turno, sino una garantía constitucional: el artículo 69 les permite a las universidades darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. Puntualmente, La Ley 30 de 1992 la desarrolla diciendo: la organización académica y administrativa, la investigación, la selección de profesores y estudiantes, y el  manejo de los recursos.

Sin embargo, la  autonomía universitaria  no es soberanía y en ese aspecto la Corte Constitucional lo ha repetido: la universidad goza de amplia discrecionalidad, no de arbitrariedad (T-310 de 1999), y no puede sustraerse a la ley ni a los derechos fundamentales de su comunidad (T-617 de 2011). Una universidad no es una república independiente ni un territorio donde las normas se extinguen al cruzar la portería.

Por eso acierta el presidente De la Espriella cuando en su alocución del 13 de septiembre, advirtió que la autonomía "no es una patente de impunidad". Porque nadie serio en el mundo universitario sostiene lo contrario. Lo curioso es que la autonomía suele ser sagrada o sospechosa según quién ocupe la Casa de Nariño.

Y aquí conviene hacer una precisión: protestar no es delinquir. La protesta pacífica, incluso la que incomoda a las directivas, tiene protección constitucional. La Corte lo recordó en la T-388 de 2025, en un fallo que amparó a estudiantes sometidas a procesos disciplinarios por protestar y que, aun así, distingue la manifestación pacífica de la violencia, las amenazas y los daños. Destruir, agredir, amenazar o impedir las clases no se vuelve legítimo tan solo por ocurrir dentro de un campus.

Tampoco se trata de un cheque en blanco para el gobierno, puesto que todas las actuaciones de las autoridades deben someterse a la Constitución, la ley, la proporcionalidad y las garantías fundamentales. Es decir, que tampoco pueden hacer lo que se les ocurra. 

Y en esto, hay algo elemental que a veces se nos olvida: los derechos vienen con deberes y responsabilidades. El estudiante tiene derecho a estudiar. El profesor, a enseñar. La universidad, a funcionar. Y quien protesta, tiene el derecho de hacerlo sin destruir ni sobrepasar la libertad de los demás. Bien lo decía el filósofo Jean-Jacques Rousseau. “Mi derecho termina donde empieza el de los demás”.

Ahora bien, la universidad debe seguir siendo territorio de pensamiento libre, crítica y de debate. Pero la autonomía nació para proteger la libertad académica, no para convertir el campus en tierra de nadie donde se viven batallas como en el viejo oeste.