Por: Luis Felipe Campos, Administrador de Empresas, Especialista en gerencia de proyectos, magister en Administración y Doctorando en Economía y Empresa / Profesor Universitario.

Colombia lee el fenómeno de El Niño como un pronóstico del tiempo. Es un error de género: no es meteorología, es una radiografía institucional. Cuando el Pacífico se calienta, el país no descubre que va a llover menos; descubre lo que dejó de construir en la década anterior.

El diagnóstico ya tiene firma. El IDEAM confirmó el fenómeno tres meses antes de lo previsto y calcula cerca de 95% de probabilidad de que alcance intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre, lo que lo ubicaría entre los eventos más severos desde 1950. (Algo que ya nos golpea paralelamente al último movimiento telúrico y los constantes incendios provocados por manos criminales en el Tolima). XM advierte que los aportes hídricos llevan meses por debajo de la media histórica y que el sistema podría requerir generación térmica cercana a 100 GWh diarios durante más de nueve meses, cuando el máximo histórico de un esfuerzo semejante apenas llega a veinte días seguidos. Anif proyecta una inflación cercana al 7% al cierre del año, con alimentos por encima del 11%.

La pregunta incómoda no es cuánto va a llover, sino por qué un país que conoce el pronóstico con doce meses de anticipación sigue llegando tarde.

La respuesta está en una distinción que Samuelson formalizó hace setenta años y que nosotros seguimos administrando mal: hay bienes de los que nadie puede ser excluido y en los que, por eso mismo, nadie invierte lo suficiente. Somos extraordinariamente eficientes produciendo bienes privados —café, aguacate, carbón, cemento, oro— y notablemente incompetentes produciendo los bienes colectivos que hacen posible producir los primeros. Cuando llega la sequía descubrimos que el activo escaso nunca fue el capital: era el embalse regulado, el distrito de riego, el acueducto que no se construyó. Y el costo no se reparte parejo. Una inflación de alimentos del 11% no es un dato macroeconómico: es una transferencia regresiva. Para el hogar que destina la mitad de su ingreso a la canasta básica, el arroz y el plátano no suben un punto porcentual, desaparecen del plato.

Esa misma sequía activa la economía que menos discutimos. Entre el 75% y el 80% del oro colombiano se extrae por fuera del sistema; un estudio de Valor Público (EAFIT) la estima en unos 3.500 millones de dólares anuales, cerca del 0,8% del PIB y equivalente a las exportaciones de café. Con el metal en máximos históricos, el incentivo es irresistible, y El Niño lo amplifica por dos vías: cuando los ríos bajan se abren playones y lechos antes inaccesibles a las dragas, y cuando la cosecha se pierde la mina ilegal se convierte en el único empleador que contrata en efectivo y sin preguntas. Absorbe exactamente la mano de obra que la sequía expulsa.

Y aquí conviene abandonar el eufemismo, porque la palabra “bonanza” ha anestesiado el debate. Lo que ocurre en el Bajo Cauca, en el Atrato, en el sur de Bolívar y en el sur del Tolima no es una bonanza: es una liquidación. La UNODC ha documentado más de 94.000 hectáreas con evidencias de explotación de oro de aluvión, el 73% de ellas ilícitas, y una pérdida acumulada superior a 54.000 hectáreas de cobertura vegetal desde 2014, buena parte dentro de zonas legalmente excluidas de la minería. La Procuraduría encontró afectaciones en 29 de los 32 departamentos y muestras con mercurio, plomo y arsénico por encima de los límites permitidos, pese a que el mercurio está prohibido en la minería desde 2018. En Ataco, a pocas horas de Ibagué, Cortolima constató pérdida de cobertura vegetal, alteración del suelo y arrasamiento de biodiversidad en una quebrada de la que salían unos seis kilos de oro al mes.

El punto decisivo es que ese daño no se repara. La economía suele tratarlo como una externalidad, es decir, un costo internalizable con un impuesto o una compensación. No es el caso. Georgescu-Roegen introdujo la ley de la entropía en la economía para recordar lo que los modelos prefieren ignorar: el proceso económico es irreversible. Un río cuyo cauce fue reconfigurado por dragas, cuyo lecho quedó sepultado en sedimentos y cuya cadena trófica acumula metilmercurio no se restaura porque un juez lo ordene o porque alguien pague una multa. Se administra un daño permanente durante generaciones. Ninguna cantidad de regalías compra de vuelta un acuífero, y ningún vivero compensa un humedal aluvial que tardó milenios en formarse.

De ahí la falsedad del término. Una renta extractiva que no se reinvierte íntegramente en otras formas de capital no es ingreso: es patrimonio consumido y contabilizado como si fuera renta. La minería ilegal viola esa regla de manera absoluta, pero conviene decirlo con incomodidad: buena parte de la minería legal tampoco la ha cumplido. Kuznets, que construyó las cuentas nacionales, advirtió que del ingreso nacional no puede deducirse el bienestar de una nación. Nuestro PIB registra el oro que sale y no registra el río que se pierde. Es la contabilidad de quien suma la venta de los muebles y omite que se está quemando la casa.

Tenemos el pronóstico, la capacidad técnica y el diagnóstico. Falta admitir dos cosas igual de incómodas: que el agua, la energía estable y la legalidad territorial no van a aparecer solo porque los necesitemos con urgencia, y que no existe precio del oro, por alto que sea, capaz de comprar de vuelta un río muerto.