Esta semana, la Alcaldía de Ibagué, a través del secretario general, Kevin Castañeda, instaló las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, escenario que aprovechó para radicar un proyecto de acuerdo de más de 300 páginas, mediante el cual se propone una modificación a la planta y a la estructura de la Administración Municipal.

Además de algunas modificaciones a las funciones y cargos ya existentes, la alcaldesa Aranda pretende crear la Secretaría de la Mujer, la Secretaría Jurídica, la Dirección de Juventudes —cuyas funciones, en buena medida, ya están incluidas dentro de la Dirección de Infancia y Adolescencia— y una nueva Dirección para el Centro de Atención y Protección Animal (CAPA). También se plantea la desaparición de la Dirección de Atención al Ciudadano, cuyas funciones pasarían a la Oficina de Comunicaciones, así como la creación de una nueva Oficina de Control Disciplinario e Instrucción, entre otros cambios.

La justificación de la propuesta, desde luego, está relacionada con el cumplimiento del Plan de Desarrollo presentado por la alcaldesa Aranda para gobernar Ibagué. Sin embargo, lo que llama la atención es que no se conoce con suficiente claridad cuál fue el estudio técnico que antecedió estas decisiones y que, necesariamente, debió incluir una valoración de las cargas laborales, la viabilidad financiera, las responsabilidades asociadas a cada cargo y la infraestructura física requerida. Todos estos elementos deberían demostrar que la propuesta es técnica, financiera y operativamente viable.

Por ejemplo, el documento señala que estas modificaciones representarían un incremento de aproximadamente $1.788 millones anuales en el presupuesto. La pregunta es sencilla: ¿de dónde saldrán esos recursos? Y, más importante aún, ¿qué impacto tendrán sobre las finanzas del municipio? La inquietud no es menor, especialmente cuando se ha venido hablando de la intención de la mandataria de solicitar un nuevo empréstito y cuando a todas luces se evidencia que la propuesta implica un crecimiento de la estructura burocrática de la Administración Municipal a poco más de un año de las elecciones regionales. “Coincidencia” temporal que, por lo menos, genera suspicacias y obliga al Concejo a revisar el proyecto con lupa.

También resulta difícil entender por qué en esta reforma no se incluyó la creación de una Secretaría de Seguridad, una dependencia que Ibagué necesita con urgencia y que ya existe en la estructura del Gobierno Departamental e, incluso, en ciudades capitales con menor población que nuestra ciudad. No es un secreto que la Secretaría de Gobierno concentra actualmente un número considerable de responsabilidades, y separar los asuntos de seguridad de las demás funciones de Gobierno permitiría, entre otras cosas, fortalecer la capacidad operativa, administrativa y financiera para enfrentar uno de los principales problemas que tiene hoy la capital tolimense: la inseguridad.

No podemos hablar seriamente de ciberseguridad, de sistemas modernos de videovigilancia, de analítica de datos, de inteligencia artificial aplicada a la prevención del delito o de estrategias de inteligencia contra las estructuras criminales, si no existe una dependencia con capacidad institucional y presupuestal para liderar esas políticas. La seguridad no puede seguir siendo un asunto más dentro de una Secretaría que tiene que atender, simultáneamente, una larga lista de responsabilidades como Espacio Público, Juntas de Acción Comunal, entre otras.

Yo estoy plenamente de acuerdo con la creación de la Secretaría de la Mujer. Creo que una dependencia especializada puede contribuir a desarrollar políticas públicas mucho más sólidas en materia de género, prevención de violencias, emprendimiento, autonomía económica y participación. Sin embargo y precisamente por la importancia de esta nueva Secretaría, espero que, en caso de aprobarse, quien llegue a liderarla sea una persona con verdadera experiencia y conocimiento en estos temas, con capacidad de gestión y una visión de ciudad. No tendría sentido crear una nueva estructura institucional para terminar entregándola como cuota política o para designar a alguien cuyo único mérito sea contar con la recomendación de un viejo político, ni tampoco para hacer un traslado horizontal. Si ese fuera el criterio, estaríamos cambiando el organigrama, pero no la manera de hacer política y administrar lo público.

En últimas, una reforma administrativa de más de 300 páginas no puede convertirse simplemente en una modificación del organigrama ni, un mero cambio administrativo como lo afirmó el mismo Kevin Castañeda semanas atrás cuando fue consultado por la Secretaría de Seguridad. Mucho menos, en una oportunidad para repartir cargos adportas de una campaña electoral en la que se dice que la alcaldesa Aranda estaría interesada en promover como candidato propio al exsecretario Cristian David Ávila. 

El Concejo Municipal tiene la responsabilidad de revisar con rigor cada una de las propuestas, sus costos, sus estudios técnicos y su verdadera necesidad. Ibagué necesita una Administración más eficiente, no necesariamente una Administración más grande. Porque cuando se crean nuevos cargos con recursos públicos, la pregunta no debe ser quién los ocupará, sino qué problema concreto de la ciudad van a solucionar. 

A todas estás, si se aprueba la creación de la nueva Secretaría Jurídica, ¿disminuirán las numerosas órdenes de prestación de servicios en abogados en la administración municipal?