La semana anterior, el exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, fue condenado en primera instancia por el delito de peculado por uso, debido a la celebración del cumpleaños de uno de sus hijos en el estadio Manuel Murillo Toro. Quizá este sea uno de los asuntos menos sensibles que hoy enfrenta, si se compara con el frustrado puente de la calle 60, una obra que nunca se ejecutó durante su administración y que hoy da lugar a demandas millonarias por parte de los contratistas.

Hasta ahora, Hurtado, quien fue condenado a dos años y seis meses de prisión por el caso del estadio, ha insistido en que defenderá su inocencia y en que su proyecto político rumbo a la Gobernación del Tolima continúa en firme. Lo hace como si la ciudadanía no hubiera visto los videos divulgados por el periodista Rubén Darío Correa, en los que se observa lo ocurrido aquel día en los camerinos y sobre el césped del estadio. Según lo conocido por la opinión pública, en medio de la piñata se cobraron penaltis e incluso, algunos colegas del periodismo deportivo narraron las jugadas como si se tratara de un partido profesional.

Más allá del desenlace de los procesos judiciales, la situación del exalcalde vuelve a poner sobre la mesa una vieja enfermedad de la política colombiana: la tentación de adueñarse de lo público. Muchos llegan al poder convencidos de que administrarán un presupuesto y terminan creyendo que administran un patrimonio propio. La camioneta oficial deja de ser un vehículo del Estado para convertirse en una extensión de la comodidad personal, y esa lógica termina permeando otras esferas del ejercicio del poder.

No es un fenómeno nuevo. En Colombia hemos visto escoltas de congresistas y altos funcionarios haciendo mercado, cargando bolsas, recogiendo mascotas en el veterinario o realizando diligencias personales para sus jefes, como si los recursos públicos estuvieran destinados a resolver asuntos privados, olvidando que el Estado no existe para facilitar la vida personal de quienes ejercen un cargo, sino para servir a los ciudadanos.

Tampoco es la primera vez que Andrés Fabián Hurtado enfrenta el aparato judicial por el uso de bienes públicos. Según el proceso, en 2014, siendo gerente del Aeropuerto Perales, autorizó el ingreso de cerca de cincuenta vehículos para realizar carreras sobre la pista, con el argumento de que Ibagué carecía de un escenario para la práctica del stunt y otras competencias automovilísticas. Por esos hechos fue investigado por el delito de peculado por uso, (el mismo delito que hoy se le imputa). Sin embargo, el proceso precluyó tras superar los términos legales como consecuencia de sucesivas dilaciones y aplazamientos de las audiencias. En ese mismo caso también fue absuelto del delito de ocultamiento y destrucción de elementos materiales probatorios, mientras que uno de los vigilantes de la pista aérea y quien aparentemente obedeció ordenes de Hurtado, terminó preso pagando cuatro años y cinco meses por alterar las cámaras de seguridad de la pista.

Lo que hoy ocurre con Hurtado no puede reducirse, sin más, a una persecución política. Esa afirmación corresponde al debate público y a las autoridades. Lo cierto es que los hechos conocidos permiten advertir una preocupante forma de entender el ejercicio del poder, en la que los bienes del Estado parecen asumirse como una extensión del ámbito privado, y como si Hurtado, quisiera a toda costa abandonar la humildad que le acompañó en el inicio de su vida pública en su natal Lérida.

Los servidores públicos están llamados a ser guardianes del patrimonio colectivo precisamente porque lo público no le pertenece a nadie en particular: les pertenece a todos los ciudadanos. Cuando un funcionario pierde de vista esa diferencia, corre el riesgo de desarrollar la peligrosa convicción de que el cargo lo sitúa por encima de las reglas que rigen a los demás, y probablemente esa sea la mayor amenaza para cualquier democracia.

A mí, particularmente, también me sigue sorprendiendo el silencio de buena parte del periodismo deportivo del país, frente al uso del estadio Manuel Murillo Toro para aquella celebración, así como el del propio Club Deportes Tolima y el de su hinchada. ¿No que el “Mamut” era sagrado?

Lo cierto es que la prescripción de este nuevo episodio judicial vence en octubre, y debe ser el Tribunal Superior de Ibagué quien resuelva de fondo el asunto. Ojalá el desenlace no sea el mismo que el del tema de los piques en el Aeropuerto, pues estaríamos ante un patrón de conducta inadecuado y vergonzoso en la función pública.