Sin duda alguna, Ibagué ha crecido. Su dinámica urbana ya no es la misma de hace 20 o 30 años, y eso hay que dejarlo claro de entrada. Hoy contamos con una ciudad más extensa, más caótica y con mayores desafíos políticos, económicos y sociales.

Desafortunadamente, hay nuevas formas de criminalidad y acciones delictivas que se han instalado y normalizado, tales como la extorsión y el sicariato, y que, en los últimos meses, han cobrado la vida de varias personas, incluida la de Andrés Santiago, un pequeño de tan solo 11 años en el barrio Jordán, sin que por ahora sepamos los móviles del caso. Así como tampoco conocemos los motivos que rodearon el asesinato del joven barista Luis Montealegre la semana pasada, y menos los del comerciante Carlos Andrés Naranjo en el mes de abril, pues, más allá del show y las transmisiones en vivo de los portales de información cuando suceden estos casos, los mismos pasan al olvido y nadie, más que la familia de las víctimas, vuelve a hablar de eso.

Mientras estas problemáticas evolucionan, la estructura institucional para enfrentarlas sigue siendo insuficiente. Ya tenemos sobrediagnosticado que el accionar de la Policía, en la mayoría de las ocasiones, es tardío y que, si las estrategias dependen de la Secretaría de Gobierno, estas van a ser escasas, pues de allí también dependen otro tipo de temáticas y situaciones que la administración municipal debe atender, como el espacio público, las licencias de funcionamiento de bares y discotecas, entre otras.

Es por ello que, desde hace algunos meses, hemos venido insistiendo en la necesidad de crear una Secretaría de Seguridad en Ibagué, tal y como sucede en otras capitales del país, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta, entre otras. Si ciudades como Manizales y Santa Marta, con poblaciones menores a Ibagué, también cuentan ya con una secretaría destinada exclusivamente a los temas de seguridad, ¿qué está esperando Ibagué para dar ese salto?

Es necesario recordar que hablar de seguridad no es hablar únicamente de delincuencia o de las acciones punitivas que reclaman los ciudadanos a diario, sino también de prevención, convivencia, inteligencia territorial, atención a poblaciones vulnerables, recuperación del espacio público y articulación interinstitucional. Se requiere planeación, datos, seguimiento y liderazgo de personas expertas, más que de políticos y burócratas que casi siempre están al acecho. Y ahí está precisamente una de las mayores debilidades actuales: la politización de las necesidades administrativas.

Un error grave es pensar que los temas de seguridad en las ciudades colombianas dependen exclusivamente de la labor de la Policía. Las administraciones municipales deben tener capacidad técnica y operativa para liderar políticas de seguridad con enfoque local, con apoyo de esas fuerzas policiales.

Ibagué necesita un organismo que piense la seguridad todos los días, no solo cuando ocurre una crisis mediática o un hecho lamentable, que es como pareciera que aquí sucede. El tema de los recursos financieros también termina siendo un limitante, y ese sería otro argumento para la creación de una nueva dependencia: que la misma tenga recursos propios para fortalecer el uso de tecnología, mejorar los sistemas de videovigilancia, consolidar observatorios del delito y diseñar intervenciones focalizadas en los sectores con mayores problemáticas.

Ibagué tiene el potencial de consolidarse como una de las ciudades más competitivas del centro del país, pero ese desarrollo necesita un pilar fundamental: la seguridad. Y ojo, que esa seguridad tampoco puede ser como alguna vez propuso el general Fernando Murillo, de fortalecer a las comunidades en una especie de policías comunales, porque eso ya se intentó en Antioquia y sabemos cómo terminó el asunto de las famosas “Convivir”.

Yo invito a la alcaldesa Johana Aranda a que demos el debate, así como a los concejales y a quienes buscan el otro año participar en las elecciones locales. Igualmente, a mis colegas profesores y a todos aquellos que, desde diferentes perspectivas, consideren pertinente pensar en esta propuesta; por ejemplo, los empresarios, los comerciantes e incluso la misma ciudadanía.

La ciudad ya cambió, y su institucionalidad también debe hacerlo. No habrá inversión sostenible ni bienestar colectivo en una ciudad donde el miedo gane terreno.