Ayer fue el Día del Niño en Colombia. Las redes se llenaron de globos, fotos y frases emotivas. Los funcionarios del país, posaron sonrientes junto a niños de zonas apartadas. Mientras tanto, 67.779 menores de edad están hoy mismo en proceso de restablecimiento de derechos ante el ICBF, porque alguien o algo les falló.

Según UNICEF, más de 7 millones de niños, niñas y adolescentes viven en pobreza, y cerca de 3 millones en pobreza extrema. Y dan un dato peor, 3,7 millones requieren ayuda humanitaria urgente, en un contexto marcado por el conflicto armado, la migración y los desastres climáticos.

Además, el DANE (2026) reportó que al menos 302.000 menores entre 5 y 17 años están trabajando en Colombia. Si se incluyen labores domésticas intensivas no remuneradas, la cifra puede superar los 800.000 niños, lo que evidencia que el trabajo infantil sigue siendo una realidad persistente, especialmente en zonas rurales.

También, Medicina Legal practicó más de 2.051 valoraciones médico-legales a menores víctimas de violencia sexual entre enero y febrero de este año.

Pero hay una cifra que debería avergonzar aún más a las instituciones: el reclutamiento forzado de niños por grupos armados no cede. En 2023, la Defensoría del Pueblo registró 342 casos. En 2024, la cifra subió a 409.  En 2025 se documentaron 257 casos y en el primer trimestre de 2026 ya van 19 casos confirmados.

Tan solo ayer en la mañana, la Procuraduría General tuvo que salir a recordarle al Estado su obligación constitucional de proteger a la niñez. Que una entidad de control tenga que hacer ese llamado en el Día del Niño no es un simple llamado de atención, es un síntoma.

El artículo 44 de la Constitución es categórico: los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. No dice “cuando haya presupuesto”. No dice “en la medida de lo posible”. Lo dice sin condiciones. Sin embargo, los informes se acumulan, las cifras persisten y las políticas públicas responden con programas dispersos, cortos de alcance y más cortos de financiación.

En nuestro país a los niños no les faltan leyes. Aquí tenemos el Código de Infancia y Adolescencia, el ICBF tiene rutas de atención, tiene líneas de denuncia. Lo que falta es voluntad institucional sostenida, articulación real entre entidades y, sobre todo, una rendición de cuentas efectiva cuando el sistema falla.

Este panorama deja en evidencia que la niñez en Colombia no solo enfrenta carencias materiales, sino también una grave vulneración de sus derechos fundamentales. No se trata únicamente de cifras: son historias de vida truncadas, de talentos que no llegan a desarrollarse, de futuros que se pierden antes de empezar.

La protección de nuestros niños no puede seguir siendo un discurso institucional o una campaña de temporada. Requiere decisiones de fondo, inversión sostenida y una articulación real entre Estado, familia y comunidad.

Porque si no los cuidamos, difícilmente podremos aspirar a un futuro distinto.