Ibagué no está perdiendo solo la batalla contra la delincuencia, está perdiendo algo más profundo, la gobernanza. La seguridad no depende de un secretario de Gobierno convertido en “Superman”, porque ningún funcionario, por más formación o carácter que tenga, puede enfrentar solo una criminalidad que ya superó la capacidad operativa de las autoridades. La seguridad es una construcción institucional que exige articulación real entre Alcaldía, Gobernación, Policía, Fiscalía, Ejército, justicia y política social. Cuando esa articulación no existe, lo que queda es la improvisación y el desorden.

La Secretaría de Gobierno en Ibagué se convirtió en un quemadero. Por allí han pasado, como se dijo alguna vez con ironía, “Rottweilers, Doberman y hasta pincher”. Es decir, perfiles duros, perfiles técnicos y perfiles más administrativos. Ninguno ha logrado consolidar una política de seguridad estructural. No porque no hayan tenido voluntad, sino porque el problema no es de temperamento, es de modelo y articulación. Cuando una dependencia cambia de cabeza con frecuencia, cuando no existe continuidad estratégica y cuando la seguridad se aborda desde lo político y no desde la planificación, el resultado es inefectivo y caótico.  

Hoy la delincuencia opera con lógica empresarial. Hay microtráfico organizado, economías ilegales que disputan territorio, sicariatos, fleteos, hurtos focalizados, redes de receptación, las llamadas oficinas de brujos que operan bajo modalidad de extorsión, así como la ocupación del espacio público que desborda cualquier intento aislado de control. Pensar que la solución está en cambiar al secretario de gobierno es simplificar un fenómeno que exige inteligencia criminal, análisis de datos, intervención social y coordinación judicial. La seguridad no se resuelve en un consejo de seguridad o en una rueda de prensa; la solución debe partir desde una política pública integral en materia de seguridad.

A esto se suma el inmenso problema del espacio público. El centro de Ibagué está completamente ocupado por vendedores ambulantes. La informalidad ganó la pelea frente a la institucionalidad. No es un juicio moral contra quien rebusca el sustento diario; es una constatación de que el Estado perdió la capacidad de ordenar. Hoy el comercio formal compite en desigualdad, el peatón no transita con libertad y la ciudad proyecta una imagen de anarquía que contradice el discurso de destino de inversión y turismo.

¿Cómo atraer capital, eventos empresariales o visitantes si el corazón comercial está saturado, si la percepción de inseguridad crece y si el control institucional parece débil? La confianza inversionista no se construye con slogans; se construye con orden, seguridad jurídica y autoridad legítima. La pregunta es inevitable: ¿cuál es la posición clara y firme de la señora alcaldesa frente a este panorama? Gobernar implica tomar decisiones que no siempre son populares, pero sí necesarias.

Ibagué no puede aspirar a ser ciudad de negocios mientras su centro luce desbordado y mientras la política de seguridad parece fragmentada. La percepción pesa tanto como la estadística. Y cuando la percepción se deteriora, la economía local también se resiente. Comerciantes que cierran temprano, empresarios que dudan en expandirse y ciudadanos que sienten que el espacio público ya no les pertenece.

En este contexto, surge otra pregunta política: ¿tendrá que asumir la Gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz, las banderas de la seguridad en la capital? La mandataria departamental ha mostrado carácter en otros frentes y ha logrado posicionarse como una figura fuerte en el escenario regional y nacional. Pero institucionalmente, aunque la seguridad urbana es competencia directa del municipio, se necesita un mayor liderazgo que permita suplir ese vacío en articulación y gobernanza que afecta a la capital del Tolima.

No se trata de rivalidades políticas, sino de responsabilidad, la ciudad necesita un plan serio, medible y sostenido. Un plan que combine inteligencia contra el microtráfico y el crimen organizado, recuperación real del espacio público, formalización progresiva de vendedores, fortalecimiento judicial y presencia coordinada de todas las autoridades. Un plan que tenga indicadores claros y rendición de cuentas periódica.

Ibagué no necesita más discursos épicos ni más cambios de nombres en el gabinete, necesita gobernanza, necesita una mesa permanente de seguridad con decisiones ejecutivas, necesita liderazgo político que asuma costos y que no delegue el problema a un solo funcionario para luego convertirlo en chivo expiatorio.

Porque la seguridad no es cuestión de “perros bravos” ni de voluntades individuales. Es cuestión de Estado local. Y si no se entiende pronto, la ciudad que quiere proyectarse como amable, turística y de negocios terminará atrapada en la contradicción entre el discurso y la realidad.

La pregunta final no es quién será el próximo secretario. La pregunta es si Ibagué está dispuesta a recuperar el control institucional o si seguirá permitiendo que la fragmentación y la improvisación definan su destino.