En Ibagué hay una realidad que ya no se puede maquillar: el modelo tradicional de vivienda no está resolviendo el problema de miles de familias. Durante años se repitió la misma fórmula: ahorro, crédito bancario, cuota inicial y oferta liderada por grandes constructoras. Para algunos funciona; para una gran mayoría, no.

Ese es el punto de partida del viviendismo: no nace de un capricho ni de un discurso romántico, sino de una necesidad social concreta. Cuando una ciudad como Ibagué registra más de 32 mil hogares en déficit habitacional, insistir únicamente en el camino tradicional termina dejando por fuera a quienes más necesitan una solución. Son familias trabajadoras, muchas de ellas informales, sin acceso fácil al crédito, sin capacidad de cumplir todas las exigencias del sistema y, aun así, con el mismo derecho a una vivienda digna.

Por eso, el debate sobre vivienda ya no puede seguir reducido a bancos, constructoras y subsidios pensados desde arriba. Hoy empieza a abrirse paso otra visión: la de la autogestión, la asociatividad y la organización popular como instrumentos legítimos para acceder a vivienda nueva o mejorar la existente.

En esa dirección, los decretos 585 y 413 de 2025 marcaron un cambio importante. Su mensaje de fondo es claro: las organizaciones populares de vivienda no deben ser vistas como un actor marginal, sino como el actor principal de la solución. Es un giro que reconoce algo elemental: cuando la comunidad se organiza, suma capacidad de gestión, ordena la demanda, reduce costos y convierte una necesidad dispersa en una fuerza social con interlocución ante el Estado.

Eso es, justamente, lo que explica el crecimiento de la Asociación Popular de Vivienda La Monta. En apenas cuatro meses, sin publicidad y movida principalmente por el voz a voz, ha logrado reunir a varios miles de miembros. Ese dato dice mucho, dice que existe una demanda represada, dice que hay miles de personas que no se sienten representadas por la política de vivienda tradicional, y dice, sobre todo, que para muchos hogares la autogestión ya no es una alternativa secundaria, es la única esperanza real de acceder a una casa propia.

Por supuesto, esto no significa improvisación. La autogestión necesita reglas claras, acompañamiento técnico, suelo viable, transparencia y vigilancia institucional. Pero una cosa es exigir seriedad y otra muy distinta es negar de entrada el valor de las organizaciones populares. Si la política pública quiere ser eficaz, debe entender que no basta con construir vivienda para quien ya está casi dentro del sistema; también debe diseñarse pensando en quienes llevan años esperando una oportunidad que nunca llega.

En ese contexto, el viviendismo empieza a convertirse no solo en una necesidad social, sino en un hecho político. Y eso obliga a mirar con atención a los liderazgos que han decidido poner el tema de la vivienda en el centro de la agenda pública. En ese terreno, Olga Beatriz González y María Eugenia Lopera han logrado conectar con una demanda real de los sectores populares. La primera, por su capacidad de gestión y por abrir espacios institucionales para que el tema de la vivienda gane visibilidad en el Tolima, al traer a la ministra de Vivienda, Helga Rivera, a Ibagué para impulsar programas como la reubicación de 158 familias, logro alcanzado por el abogado Hernando Álvarez Urueña gracias a su defensa en derechos humanos. La segunda, por demostrar desde la experiencia pública que sí es posible traducir la política de hábitat en resultados concretos, como la construcción y el mejoramiento de 84 mil viviendas en Medellín.

No se trata de personalizar un problema estructural, se trata de reconocer que las ciudades también cambian cuando aparecen liderazgos que entienden que la vivienda no puede seguir viéndose solo como negocio, sino como derecho, como estabilidad familiar y como base mínima para una vida digna.

Ibagué necesita una política de vivienda menos cerrada y más valiente; menos dependiente de los filtros tradicionales y más abierta a la organización comunitaria; menos diseñada para el mercado y más pensada para la gente. Se debe pensar menos en asfaltar vías y más en construir vivienda para las personas más humildes de la ciudad. El viviendismo, bien orientado, puede ser una de las respuestas más serias a esa deuda histórica.

Porque cuando miles de familias se organizan para buscar una salida colectiva, lo que está en juego no es solo una casa, es la posibilidad de que la esperanza deje de ser promesa y empiece, por fin, a convertirse en realidad.

Por: Nicolás Álvarez - Economista experto en Derecho Urbano