El pasado 19 de diciembre venció el plazo máximo que tenía la Alcaldía de Ibagué para cumplir el fallo judicial emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima respecto al desalojo de la invasión conocida como Villa Resistencia en la comuna 8, así como la planeación, diseño y términos de ejecución de una obra en la que se destine el predio objeto de ocupación, a un espacio público recreativo que permita el disfrute de la comunidad del sector. No obstante, eso no pasó, y el lugar sigue siendo foco de inseguridad y delincuencia.

Además de la presencia constante de personas que alteran la tranquilidad y el orden público en el Parque de las Jirafas de la Ciudadela Simón Bolívar, y el hallazgo en la invasión de motocicletas robadas incluso en municipios fuera del Tolima; el pasado 5 de enero, un hombre de 39 años fue asesinado luego de ser atacado con arma de fuego, aparentemente en lo que sería un ajuste de cuentas, pues se conoció que el occiso tenía un largo prontuario delictivo. Pese a algunos operativos menores de control que han realizado las autoridades policiales recientemente, el problema que nació en lo que fue conocido como el “estallido social” del 2021; sigue creciendo y expandiéndose pues residentes del sector del Plan Parcial el Recreo, a donde se han levantado nuevas edificaciones como los conjuntos residenciales Ventura, Mandala y Fortezza, han denunciado en varias ocasiones hurtos y atracos en la intersección que conecta dicha invasión con la variante del aeropuerto.

Frente al particular, varias cosas que mencionar. Lo primero es que el problema de Villa Resistencia le fue heredado a la alcaldesa Johana Aranda de su otrora jefe político Andrés Hurtado. El exalcalde visitó en varias oportunidades dicha invasión, y su entonces secretario de gobierno Milton Restrepo manifestó que frente al desalojo iba a haber “demorita, pero no rebajita”. Casi tres años después, el tema no se resolvió y sigue siendo una bomba de tiempo a punto de estallar. Lo segundo es que la misma alcaldesa Aranda manifestó al inicio de su gobierno que la reubicación de las personas de esa invasión era una de sus prioridades, y que allí debía levantarse la nueva estación de policía de la ciudad, contrario a ello, Aranda ha preferido no referirse públicamente al tema, al tiempo en que el secretario general de la alcaldía, en meses pasados pidió la cabeza del comandante de la Policía Diego Edixon Mora, atribuyéndole a él, el tema de la inseguridad en algunas partes de la capital tolimense, pero no a la falta de estrategia y ejecución del gobierno municipal en problemáticas como esa.

Aquí también es necesario decir que los fallos judiciales deben cumplirse, y que, a hoy, ni siquiera se conoce el censo poblacional de Villa Resistencia, ni hay una cifra clara sobre las mujeres, niñas, niños y adolescentes que permanecen allí, y puedan estar siendo sujetos de vulneración de derechos, conviviendo entre la delincuencia, el basurero y el microtráfico.

Que no se le olvide a la alcaldesa Johana Aranda que al igual que la gobernadora Matiz, se hizo elegir con el discurso de la seguridad, y ello antes de cualquier cosa debe ser prioridad en un país convulsionado por cuenta del fracaso de una supuesta política de paz total que hoy nos tiene viviendo nuevamente en medio del terror y las balas de los grupos armados.

¿Habrá algún concejal que inicie el año realizando un debate de control político a la secretaría de gobierno por el tema de Villa Resistencia?