Mientras el Presidente Petro, en una de las alocuciones de esta semana, se vanagloria de los “históricos logros” de su gobierno y culpa a todos por la mediocridad con la que nos administra, Colombia enfrenta una de las crisis fiscales más severas de su historia reciente. El déficit fiscal supera el 7 % del PIB, también la deuda pública roza el 65 % del PIB y las principales agencias calificadoras —S\&P Global y Moody’s— han rebajado la calificación crediticia del país, acercándonos peligrosamente al grado especulativo. Sin embargo, más allá de los titulares y los informes técnicos, lo verdaderamente alarmante es la falta de respuesta estructural por parte del Gobierno.

Para entender mejor esto, debemos saber que es la regla fiscal: es como un límite que se pone el Gobierno para no gastar más de lo que puede pagar, asegurando que las finanzas del país sean sostenibles. Si Colombia no cumple con esa regla, pierde la confianza de inversionistas y mercados internacionales, lo que hace que prestarle dinero al país sea más caro, suban los intereses, aumente la deuda y eventualmente haya menos plata para invertir en salud, educación o subsidios.

La administración Petro insiste en un discurso de transformación social sin tener claridad en el modelo fiscal que lo respalde. La inversión pública se mantiene, pero los ingresos no crecen al mismo ritmo. La caída en la inversión extranjera directa, la reducción de las regalías por hidrocarburos y el derroche con el presupuesto nacional, son razones importantes para estar mas que preocupados.

El problema no es solo técnico, es profundamente político. Las reformas que podrían aliviar la carga fiscal (como una reestructuración del gasto público, una reforma pensional sostenible o un replanteamiento de subsidios ineficientes) no hacen parte de la agenda del gobierno nacional para el año que les queda. La oposición, por su parte, lejos de construir alternativas, se limita a capitalizar electoralmente el desgaste del gobierno sin ofrecer un proyecto fiscalmente responsable.

En el medio de este pulso político estamos nosotros. Una posible pérdida definitiva del grado de inversión implicaría mayores tasas de interés, encarecimiento de la deuda, presiones sobre el dólar e incluso efectos inflacionarios. Los sectores más vulnerables, que irónicamente el presidente dice proteger, serían los más golpeados por una contracción del gasto público y por ende de la economía.

Este no es el primer episodio de inestabilidad fiscal en el país, pero estamos corriendo el riesgo de llegar a una crisis irreversible de la que nos tomaría mucho tiempo recuperarnos. Los síntomas están a la vista, pero la reacción institucional es lenta, ambigua o inexistente. El país no necesita más discursos polarizantes ni promesas de una abundancia que no existe: necesita decisiones responsables, aunque sean impopulares.

¿Estamos listos para enfrentar la realidad económica o seguiremos jugando a los discursos populistas para distraernos de lo importante?