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Procuraduría pide explicaciones por cartera pública y riesgo del servicio de energía a Afinia

La información solicitada por el órgano de control permitirá dimensionar la cartera pública, conocer las gestiones adelantadas para su recuperación y evaluar los riesgos que pudieran comprometer la prestación del servicio.  
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En septiembre de 2026, el Gobierno nacional descartó la posibilidad de intervenir a Afinia.
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20 Nov 2026 - 7:20 COT por Alfonso Aya Roa

La Procuraduría General de la Nación requirió a Afinia Caribe S.A.S. E.S.P. información sobre la cartera pendiente de pago de entidades oficiales del departamento de Bolívar y sobre los posibles riesgos que podrían afectar la prestación del servicio de energía eléctrica. En paralelo, pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios rendir cuentas por sus actuaciones de inspección, vigilancia y control frente a la empresa.

La acción preventiva del órgano de control, conocida este 20 de noviembre, se activó luego de información divulgada públicamente sobre las dificultades financieras y de liquidez que afrontaría la compañía, filial del Grupo EPM, así como por las preocupaciones sobre la continuidad y la calidad del suministro en el departamento.

El requerimiento no se limita al plano financiero. La Procuraduría solicitó a Afinia informar las medidas adoptadas frente a las interrupciones del servicio, la calidad de la energía y las reclamaciones de usuarios por facturación, cambio de medidores y posibles daños en electrodomésticos.

También le pidió dar cuenta de las inversiones ejecutadas y de las previstas para mejorar la infraestructura eléctrica en Bolívar, y detallar las gestiones adelantadas para recuperar la cartera oficial.

A la Superservicios le requirió informar sobre las actuaciones de inspección, vigilancia y control ya adelantadas frente a la situación de Afinia, y sobre las evaluaciones realizadas acerca de los riesgos para la continuidad, la calidad y la eficiencia del servicio en el departamento.

Según el órgano de control, la información solicitada permitirá dimensionar la cartera pública, conocer las gestiones de recuperación y evaluar los riesgos que podrían comprometer la prestación del servicio.

El trasfondo financiero

El requerimiento llega sobre una crisis que la propia empresa y su matriz han venido describiendo en voz alta. Según cifras divulgadas este año, Afinia registra un déficit mensual de caja cercano a los $400.000 millones y pierde alrededor de 43 pesos por cada 100, con un recaudo de aproximadamente $57 por cada $100 destinados a comprar energía.

La deuda de las entidades oficiales, uno de los frentes que ahora indaga la Procuraduría, alcanzó los $420.000 millones con corte a septiembre de 2026. Los niveles de recaudo por departamento también son dispares: con corte a agosto, los usuarios del Cesar habían pagado el 62 % de la facturación emitida, en Córdoba el recaudo llegó al 77 %, en Sucre al 83 % y en Bolívar al 84 %.

En octubre, el gerente de Afinia advirtió que la compañía requiere entre $800.000 millones y un billón de pesos anuales para mantener y mejorar su infraestructura, mientras sus inversiones rondan apenas los $400.000 millones.

La empresa atiende a cerca de 1,4 millones de usuarios en Bolívar, Córdoba y Sucre, tras una escisión con la que el Grupo EPM aisló en la figura de 'Atenea' el segmento de mercado con pérdidas de energía superiores al 40 % y recaudo cercano al 60 %. Estimaciones citadas por medios regionales advierten que la eventual afectación del suministro podría alcanzar a unos siete millones de personas.

Un Gobierno que hasta ahora descartó intervenir

En septiembre de 2026, el Gobierno nacional descartó la posibilidad de intervenir a Afinia. La discusión, sin embargo, sigue abierta: EPM ha planteado la necesidad de un aporte estatal cercano a los $800 mil millones y ha sostenido que la situación es insostenible sin correctivos.

El pulso combina tres frentes que la Procuraduría ahora pone sobre el papel: la cartera morosa del sector público, la calidad del servicio que reciben los usuarios y el ritmo de inversión en una red eléctrica deteriorada.

El organismo de control no ha abierto por ahora un proceso disciplinario: se trata de una actuación preventiva orientada a obtener información. Los plazos y las respuestas de Afinia y de la Superservicios determinarán si la Procuraduría escala el caso a una investigación formal o si, por el contrario, encuentra que las medidas adoptadas son suficientes.