El Gobierno nacional expidió el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, mediante el cual modifica disposiciones del Decreto 003 de 2021 relacionadas con la garantía del derecho a la protesta social, la intervención de la fuerza pública y el manejo de situaciones que puedan afectar la movilidad y los derechos de terceros. La nueva reglamentación se conoce un día antes de la marcha nacional convocada para este miércoles 14 de octubre en contra del gobierno de Abelardo de la Espriella.

La norma establece lineamientos para la actuación de las autoridades durante las manifestaciones, con énfasis en la protección de la protesta pacífica, el diálogo y la intervención proporcional ante hechos de violencia. En ese sentido, señala que las actuaciones policiales deben dirigirse contra las personas que incurran en conductas violentas, sin desconocer las garantías de quienes participan pacíficamente en las movilizaciones.

El decreto también precisa que la obstrucción de vías, por sí sola, no convierte una manifestación en violenta. Sin embargo, contempla medidas excepcionales frente a situaciones en las que se presente una afectación grave y sostenida de los derechos de otras personas, siempre que no existan alternativas menos lesivas para atender la situación. Las decisiones deben estar sustentadas en circunstancias objetivas y respetar los principios de necesidad y proporcionalidad.

Asimismo, la reglamentación contempla mecanismos de diálogo y coordinación entre las autoridades y los participantes de las movilizaciones, así como el funcionamiento de los Puestos de Mando Unificado (PMU) antes, durante y después de las jornadas. Estos espacios permiten hacer seguimiento a las manifestaciones, registrar decisiones y coordinar acciones frente a posibles alteraciones del orden público.

La disposición también establece orientaciones para la actuación de la Policía frente a riesgos que puedan afectar a terceros, bienes e infraestructura, y contempla medidas para atender situaciones que comprometan servicios esenciales. La intervención de las autoridades debe observar las garantías constitucionales y evitar que las actuaciones contra conductas individuales terminen afectando indiscriminadamente a quienes ejercen pacíficamente su derecho a la protesta.

La expedición del decreto coincide con la convocatoria a una movilización nacional para este miércoles 14 de octubre contra el gobierno de Abelardo de la Espriella. En este contexto, la aplicación de las nuevas disposiciones será clave para determinar cómo se coordinan las autoridades durante las marchas y cómo se garantiza el equilibrio entre el derecho a la manifestación pública, la seguridad y los derechos de los demás ciudadanos.