Ante la revisión sistemática del estado de las Entidades Promotoras de Salud en el país, la Procuraduría General de la Nación sacó los resultados de las actuaciones de vigilancia preventiva y control de gestión adelantadas a las EPS: Mutual Ser, Emssanar, Proteger EPS, antes Cajacopi y Nueva EPS, con el objeto de adelantar las investigaciones respecto a las posibles faltas disciplinarias de los diferentes servidores públicos y privados que prestan servicios públicos. 

La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social evidenció que se mantienen las barreras de acceso en la atención de los pacientes, y que se sigue presentando un importante deterioro en las condiciones financieras que comprometen la sostenibilidad y continuidad de estas entidades; si bien, cada una de ellas presentan particularidades propias de su situación administrativa y el impacto al sistema no guarda las mismas proporciones, comparten problemáticas estructurales que continúan afectando la prestación oportuna y efectiva de los servicios de salud, tales como el incremento sostenido de las peticiones, quejas y reclamos, PQR, tutelas e incidentes de desacato, asociados principalmente a demoras en la asignación de citas médicas especializadas, dificultades en la autorización de servicios y tecnologías en salud, retrasos en la entrega de medicamentos y otras barreras administrativas que limitan el acceso efectivo a la atención.

El Ministerio Público concluyó que en la Nueva EPS continúa un riesgo sistémico y estructural para la garantía del derecho fundamental a la salud y para la sostenibilidad financiera, puesto que, los estados financieros de la entidad aún no cuentan con dictamen favorable de la revisoría fiscal y, con corte a 2024, registran pasivos superiores a $22 billones y pérdidas acumuladas que superan los $11 billones. Contando con una alta rotación de agentes especiales interventores, cinco en un periodo de 24 meses. 

Además, los indicadores de acceso a los servicios de salud muestran un deterioro progresivo, en el primer trimestre de 2026 en el que se registraron 40.668 acciones de tutela, lo que equivale al 60 % del total de tutelas presentadas durante toda la vigencia 2023. De igual forma, se reportaron 10.031 incidentes de desacato, con cerca del 36 % aún sin atender. 

Dentro de los resultados también se incorporaron presuntas responsabilidades disciplinarias por parte del Ministerio de Salud y Protección Social debido a su posible inactividad en la promulgación de directrices para optimizar el flujo de recursos dentro del SGSSS y de la Superintendencia Nacional de Salud por las falencias en sus procesos de inspección, vigilancia y control frente a estas aseguradoras y  finalmente, al seguimiento a los agentes interventores nombrados para administrarlas.