La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al próximo Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado y la no repetición de los hechos violentos sean una prioridad en la agenda del Estado.

El pronunciamiento se dio a propósito de la publicación del sexto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), denominado "Tejidos para la reparación", documento que evalúa los avances y los retos en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas tras la firma del Acuerdo Final de Paz.

La entidad señaló que, cuando está próximo a cumplirse una década de la firma del Acuerdo de Paz, las víctimas deben seguir siendo el eje central de los esfuerzos institucionales para consolidar una paz duradera en el país.

Entre los avances destacados por el informe se encuentran la prórroga de la Ley de Víctimas, el incremento en el número de víctimas de violencia sexual que han sido indemnizadas, los avances en la restitución de tierras, el reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado, el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas y la expedición del documento CONPES sobre soluciones duraderas para la población desplazada.

No obstante, la Defensoría advirtió que aún persisten importantes desafíos, especialmente en materia de reparación colectiva para pueblos étnicos, mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, así como en la atención de las víctimas que permanecen en el exilio.

Asimismo, respaldó la conclusión del Comité según la cual la capacidad institucional creada hace 15 años para atender a las víctimas ha sido superada por la magnitud del conflicto armado y enfrenta serias limitaciones presupuestales.

En ese sentido, la entidad destacó la importancia de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como un mecanismo para identificar alternativas que permitan fortalecer la respuesta estatal y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las víctimas.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado al nuevo Gobierno, al Congreso y a las demás instituciones del Estado para convertir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en decisiones concretas que permitan avanzar en la reparación integral, la construcción de paz, la preservación de la memoria y las garantías de no repetición.

La entidad aseguró que continuará ejerciendo su labor de seguimiento a estas recomendaciones, promoviendo la participación efectiva de las víctimas y vigilando el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, justicia transicional y construcción de paz.