En relación con la información difundida recientemente en algunos medios de comunicación sobre la situación de seguridad alimentaria en Colombia, y en particular sobre la interpretación del mapa mundial del hambre presentado por el Programa Mundial de Alimentos, PMA, de las Naciones Unidas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se permite aclarar:

El mapa interactivo HungerMap Live, desarrollado por el PMA, es una herramienta de monitoreo y alerta temprana que ejecuta modelos predictivos con el fin de identificar riesgos y anticipar posibles deterioros en la seguridad alimentaria a nivel global, en contextos asociados a conflictos armados, desplazamientos de población y catástrofes climáticas. Es una herramienta orientada a la ayuda humanitaria a poblaciones en condición de vulnerabilidad por efecto de dichos factores.

El Global Report on Food Crises 2026, publicado esta semana por el PMA, solo menciona a Colombia en los siguientes términos: "Entre enero y mediados de septiembre de 2025, cerca de 761 mil personas se vieron directamente afectadas por actos de violencia, tales como ataques contra la población civil, enfrentamientos armados, desplazamientos forzados, acciones armadas y el uso de artefactos explosivos, principalmente en Cauca, Norte de Santander y Chocó."

El dato reportado para Colombia corresponde a población en IPC/CH Fase 3. Esta categoría agrupa distintos niveles de inseguridad alimentaria y no equivale a que el país se encuentre en hambruna o hambre extrema generalizada. Colombia no se encuentra clasificada en IPC Fase 5, que es la categoría que define las situaciones de hambre catastrófica.

Es de la mayor importancia precisar que el mapa del hambre y el Global Report on Food Crises 2026 son herramientas que se ocupan de situaciones de inseguridad alimentaria asociadas a zonas de conflicto armado, desplazamientos de población migrante y riesgos climáticos, con el objetivo de orientar la ayuda humanitaria hacia esas poblaciones. Esta es la razón por la que se menciona a Colombia, específicamente en relación con las situaciones en el Cauca, el Catatumbo y Chocó, suficientemente conocidas por la opinión pública nacional.

El hecho de que existan focos de inseguridad alimentaria asociados a la violencia no invalida ni desconoce los importantes avances del sector agropecuario colombiano. El país ha logrado incrementos significativos en el área sembrada, récords históricos de abastecimiento de alimentos en las ciudades y en las centrales de abasto y, más importante aún, una mejora sostenida de las condiciones de vida en el campo, con mayores ingresos, acceso a la tierra, crecimiento del empleo rural y reducción de la pobreza multidimensional.

Por lo tanto, es un error pretender usar este informe para atacar la política pública orientada a reducir el hambre en Colombia. Al contrario, el informe valida la lógica de intervención y el razonamiento detrás de las políticas que ha llevado a cabo el gobierno del presidente Gustavo Petro para aliviar el hambre, reducir la pobreza (multidimensional y extrema) e incrementar el empleo en las zonas rurales.

Las condiciones de guerra y violencia siguen siendo el gran reto, donde la transformación de la matriz productiva y el impulso de un modelo de desarrollo sostenible y equitativo son condiciones para, por un lado, erradicar el hambre y, por otro, consolidar la paz.

Riesgos alimentarios

El Gobierno nacional ha venido avanzando en la reducción del riesgo de inseguridad alimentaria mediante una estrategia integral que articula el fortalecimiento de la producción agropecuaria, la transformación de los sistemas agroalimentarios y la garantía del derecho a la alimentación. Entre los principales avances se destacan:

El reconocimiento del derecho humano a la alimentación como derecho fundamental mediante reforma constitucional, fortaleciendo las obligaciones del Estado en su garantía progresiva.
 

La implementación de estrategias territoriales como las Zonas de Recuperación Nutricional, orientadas a atender los determinantes estructurales de la malnutrición en múltiples departamentos.


El impulso a un modelo de abastecimiento agroalimentario con enfoque territorial, que articula producción, logística y consumo, con pilotos implementados en distintas regiones del país.


La implementación de mecanismos de intervención en coyunturas de abastecimiento, como la compra directa de más de 6.800 toneladas de papa a pequeños productores en 2025, contribuyendo a estabilizar mercados y garantizar el acceso a alimentos.


El avance en la construcción de la Política para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y la Soberanía Alimentaria, cuyo documento técnico se encuentra en fase final.


El fortalecimiento de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, así como de instrumentos como las compras públicas locales, para mejorar el acceso a alimentos y dinamizar las economías rurales.


Avances en la consolidación de la reforma agraria como política estructural, orientada a mejorar el acceso a la tierra, fortalecer la producción de alimentos y reducir brechas territoriales.

La reforma agraria es una herramienta fundamental para que el Ministerio de Agricultura fortalezca la producción y el abastecimiento de alimentos en Colombia. Esta iniciativa se alinea con un enfoque estructural de lucha contra el hambre, reconociendo el acceso equitativo a la tierra y la mejora de los sistemas agroalimentarios como pilares para garantizar progresivamente el derecho humano a la alimentación.