En ejercicio de su función preventiva y con fundamento en el análisis de riesgo para la capital del país, la Procuraduría General de la Nación requirió a la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. y a la Policía Metropolitana información sobre las acciones inmediatas que se adelantan para proteger la vida, la integridad y la tranquilidad de la ciudadanía, ante el anuncio de un paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A través de la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá, el Ministerio Público requirió al secretario y al subsecretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, así como al comandante de la Policía Metropolitana, conocer los protocolos de prevención, contingencia y respuesta previstos para enfrentar posibles alteraciones del orden público en la ciudad.

Asimismo, el ente de control pidió conocer las medidas de articulación interinstitucional que se implementarán en la ciudad, con el objeto de asegurar una actuación coordinada de las autoridades; prevenirlos riesgos y garantizar el respeto de los derechos fundamentales, la movilidad ciudadana y el acceso a los servicios esenciales.

La autoridad disciplinaria precisó que esta actuación tiene un carácter estrictamente preventivo, focalizado y de acompañamiento institucional, y responde a criterios de competencia territorial y análisis de riesgo, reiterando que su finalidad es anticipar posibles afectaciones y proteger a la ciudadanía, sin sustituir las funciones de las autoridades ejecutivas.