En menos de siete meses, y gracias a las acciones emprendidas por la Procuraduría General de la Nación, se logró descongestionar la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que presentaba un represamiento de más de 11 mil casos, según cifras del Ministerio del Trabajo.

A través de mesas técnicas, requerimientos y seguimientos, el Ministerio Público logró que se nombraran y posesionaran los miembros de las cuatro salas de descongestión, lo que permitirá avanzar en el trámite de solicitudes de pensión por invalidez, beneficiando así a cientos de personas que reclaman el reconocimiento de sus derechos fundamentales a la vida, la salud y la seguridad social.

Para la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, que asumió el liderazgo frente a esta crítica situación, resultaba inadmisible que muchos de los afectados llevan uno, dos y hasta cinco años esperando una respuesta sobre su calificación de invalidez. 

Estas demoras obligaron al órgano de control a urgir a la Junta Nacional y a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez a agilizar los trámites y prestar un servicio más eficiente y oportuno.

El despacho de esta delegada anunció que continuará adelantando mesas de seguimiento para asegurar una descongestión efectiva del rezago y garantizar resultados óptimos para la población en condición de discapacidad.