Una alerta de los comerciantes permitió descubrir y detener a tres personas que, presuntamente, estarían utilizando el nombre de las disidencias de las Farc para intimidar y exigir dinero en el municipio de San Antonio, al sur del Tolima. Entre los capturados se encuentra una mujer y, según la Policía, los tres serían provenientes de Bogotá.

El procedimiento se registró hacia las 6:40 de la tarde del 10 de noviembre, luego de que ciudadanos informaran sobre la presencia de tres personas que se movilizaban en un vehículo de gama media y estarían tomando fotografías a establecimientos comerciales.

La alerta también advertía que los sospechosos realizaban llamadas telefónicas a comerciantes para exigirles dinero y citarlos a supuestas reuniones en una vereda del municipio, situación que habría generado preocupación entre los afectados.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, días antes estas personas presuntamente habían entregado volantes y citaciones en diferentes establecimientos, presentándose como integrantes de un grupo armado organizado residual. Quienes no habrían asistido a los encuentros posteriormente recibían llamadas con nuevas presiones.

Ante las denuncias, unidades de la Policía, con apoyo de la SIJIN, el CTI y el GAULA Militar, activaron un plan candado que permitió ubicar e interceptar el automotor a la altura del barrio El Tesoro, donde se produjo la captura de los tres ocupantes.

Durante el registro del vehículo fueron encontrados diez panfletos y una bandera alusiva a un grupo armado ilegal. Además, según el reporte policial, algunas de las presuntas víctimas reconocieron a las personas detenidas.

Las labores de inteligencia también permitieron establecer, según la Policía, que los tres ciudadanos serían residentes de la localidad de Usme, en Bogotá. La mujer registra anotaciones judiciales por concierto para delinquir y receptación, mientras que los otros dos hombres presentan antecedentes de anotaciones por estafa.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión. Tras las audiencias virtuales, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.

El comandante de la Policía Tolima, coronel Ferney Martín Romero, destacó la colaboración de la comunidad y reiteró el llamado a los comerciantes para que no accedan a exigencias económicas de personas que utilicen el nombre de organizaciones armadas ilegales para amenazarlos.

Las autoridades recordaron que quienes sean víctimas de este tipo de intimidaciones pueden comunicarse con la línea gratuita 165 del GAULA. La información ciudadana fue clave para este procedimiento, que busca frenar las presuntas actividades extorsivas en el sur del departamento.