El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, reveló que la cartera que dirige recibió sus sistemas informáticos hackeados al comienzo del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, una situación que obligó a la entidad a recurrir a procedimientos manuales para impedir que la labor de la justicia se detuviera.

El funcionario sostuvo que las alertas sobre las fallas eran conocidas desde enero y que no se les dio la importancia necesaria. Según su versión, el problema "todavía persiste" y la Fiscalía General de la Nación ya recopiló las evidencias para esclarecer lo ocurrido.

"Había unas advertencias que venían desde principio de año, desde enero, y que, por no darles la trascendencia y la importancia, llegamos a tener un problema muy serio que, además, todavía persiste", denunció el jefe de la cartera.

Las advertencias que se ignoraron

De acuerdo con el relato del ministro, los primeros indicios de vulnerabilidad en la infraestructura tecnológica del Ministerio circularon desde el arranque de la actual administración. 

Cancino ubicó esas alertas en enero y atribuyó la magnitud del daño a la falta de atención institucional sobre los reportes técnicos.

El énfasis de su denuncia apunta a una falla de gestión más que a un incidente aislado: las señales existían, fueron advertidas y no se dimensionaron a tiempo. La consecuencia, según el propio ministro, es un problema que se mantiene abierto meses después.

Trámites manuales para no detener la justicia

Ante la caída o el compromiso de los sistemas, la cartera echó mano de procedimientos análogos: radicación en papel, registros físicos, verificación documental presencial y diligencias adelantadas por fuera de las plataformas digitales.

La medida buscó un objetivo concreto: que la operación no se paralizara. El Ministerio de Justicia tiene a su cargo áreas sensibles para el ciudadano —notariado, registro civil, conciliación, gestión documental y coordinación con el sistema penitenciario, entre otras—, por lo que cualquier interrupción tecnológica se traduce rápido en filas, demoras y trámites represados.

El recurso a lo manual, sin embargo, tiene un costo: reduce la capacidad de respuesta, multiplica los tiempos de atención, incrementa el margen de error humano y expone la información a nuevos riesgos de manejo, justo cuando la trazabilidad digital está comprometida.

La Fiscalía entra al caso

El ministro informó que el ente acusador ya reunió las evidencias necesarias para esclarecer el hackeo. Con ese material, el caso entra en una fase técnica y penal que deberá establecer cómo se produjo la intrusión, qué alcance tuvo y si hubo responsables dentro o fuera de la entidad.

Hasta el momento no se han precisado públicamente el tipo de ataque, la magnitud de los datos comprometidos ni si hubo extracción de información. Tampoco se conocen capturas o imputaciones relacionadas con el incidente.

Un flanco crítico para el nuevo Gobierno

El episodio golpea uno de los flancos más delicados para cualquier administración entrante. El presidente De la Espriella llegó al poder con un discurso de mano dura en materia de seguridad y justicia; un hackeo en el Ministerio del ramo, reconocido por su propio ministro y aún sin resolver, pone a prueba la promesa de orden y control institucional.

El caso también abre preguntas sobre la inversión en ciberseguridad del sector público, la dependencia de plataformas únicas y la capacidad de reacción de las entidades frente a incidentes que, como admite el propio Cancino, se anticipaban.

Qué sigue

Las próximas semanas serán decisivas en tres frentes: la investigación de la Fiscalía, la recuperación plena de los sistemas y las explicaciones que la cartera deberá dar sobre por qué las alertas de enero no se atendieron.

El ministro ya instaló públicamente la tesis de la negligencia previa. Falta que la evidencia técnica —y, eventualmente, los procesos disciplinarios y penales— confirmen o desmienten esa lectura, y que el Ministerio restablezca la normalidad de un servicio del que dependen miles de ciudadanos.