Una delicada denuncia encendió las alarmas en Ibagué por una serie de procesos judiciales que, según varios abogados, estarían siendo utilizados para intentar quedarse con casas, bodegas y otros bienes inmuebles mediante supuestas deudas respaldadas en letras de cambio que los propietarios aseguran nunca haber firmado.

Uno de los casos es el de Adalberto Medina, quien descubrió que una bodega recibida como herencia familiar estaba involucrada en un proceso de remate por una obligación de $240 millones. La sorpresa llegó cuando, junto con sus hermanos, adelantaba los trámites para vender el inmueble y solicitó el certificado de libertad y tradición.

Al revisar el documento encontró que la propiedad tenía un proceso en curso. Al buscar asesoría jurídica, conoció que supuestamente había firmado tres letras de cambio por $90 millones, $80 millones y $70 millones. Sin embargo, Medina aseguró que nunca adquirió esa deuda, que no conoce a la persona que aparece como acreedora y que tampoco reconoce las firmas que figuran en los documentos.

Otro elemento que llamó la atención fue que, según la documentación del proceso, la notificación judicial se habría enviado a un correo electrónico que no le pertenece. De esta manera, el procedimiento avanzó sin que él tuviera conocimiento de la demanda y pudiera ejercer oportunamente su defensa.

La abogada civilista Jenny Bonilla explicó que, en este tipo de procesos ejecutivos, los juzgados parten de la presunción de buena fe de los documentos presentados por el demandante. Según indicó, la supuesta letra de cambio contenía una firma, un número de identificación y un correo electrónico que habría sido utilizado para notificar al propietario.

Cuando Medina conoció la situación, su defensa presentó acciones para solicitar la nulidad por indebida notificación y denunciar las presuntas falsedades. La abogada confirmó que, en este caso, lograron que prosperara la nulidad del proceso, evitando que continuara el trámite en las condiciones inicialmente establecidas.

Pero, según los profesionales del derecho que dieron a conocer la denuncia, el caso no sería aislado. El abogado David Palacio aseguró que habría una posible estructura detrás de estos procedimientos, con diferentes personas cumpliendo roles para presentar demandas sustentadas en documentos presuntamente falsos. También pidió a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura investigar las posibles irregularidades.

A esta denuncia se sumó el abogado Juan Pablo Riveros, quien representa a otra persona afectada. Según explicó, en el caso que tiene a su cargo encontró letras de cambio que supuestamente respaldaban una obligación del año 2020, pero que habrían sido impresas en 2025. También señaló que su cliente nunca habría tenido relación comercial con el demandante.

Uno de los nombres mencionados por los abogados es el de Carlos Andrés Reina Barbosa, quien, según sus declaraciones, aparecería como demandante en varios de estos procesos. Los profesionales solicitaron que se investigue su posible participación y la de otras personas que habrían intervenido en la elaboración de documentos, presentación de demandas y notificaciones. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos de los abogados y deberán ser verificadas por las autoridades.

La preocupación aumenta porque, de acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, habría más de 30 personas demandadas por el mismo supuesto acreedor. Incluso, mencionaron el caso de una mujer que tendría cinco propiedades involucradas en procesos similares. Los abogados advirtieron que algunas víctimas podrían enterarse de la situación cuando sus bienes ya estén próximos a ser secuestrados o rematados.

Los denunciantes también cuestionaron los tiempos de algunos procedimientos, pues aseguran que procesos ejecutivos que normalmente pueden tardar años estarían avanzando en apenas unos meses. Por eso solicitaron revisar no solamente la autenticidad de los documentos, sino también las actuaciones de quienes intervienen en los trámites judiciales.

Para Adalberto Medina, la situación representó angustia y temor de perder un patrimonio construido por sus padres. El hombre, quien trabaja como conductor de una plataforma de transporte, explicó que los ingresos del arriendo de la bodega representan un apoyo económico para él y su hermano. Aseguró que, de no haber solicitado el certificado para venderla, posiblemente no se habría enterado del proceso hasta que fuera demasiado tarde.

Finalmente, los abogados hicieron un llamado a los propietarios de viviendas, locales, bodegas y otros inmuebles para que revisen periódicamente sus certificados de libertad y tradición y verifiquen si aparecen medidas cautelares o procesos que desconozcan. También solicitaron a la Fiscalía avanzar en las investigaciones para establecer si existe una estructura dedicada a este tipo de maniobras y determinar las responsabilidades correspondientes.

La alerta es clara: una persona podría estar enfrentando un proceso judicial sobre un bien de su propiedad sin siquiera saberlo. Por eso, los denunciantes insisten en que las autoridades deben actuar con celeridad para evitar que más ciudadanos pierdan su patrimonio por obligaciones que aseguran no haber adquirido.