La situación financiera del Conjunto Residencial Lotus P.H., ubicado en la comuna 12 de Ibagué, dio un giro crítico luego de que un juez ordenara el embargo de la cuenta oficial de la copropiedad dentro de un proceso ejecutivo relacionado con obligaciones pendientes por el servicio de vigilancia privada.

La medida judicial mantiene congelados recursos por más de 300 millones de pesos, situación que, según denunciaron integrantes del colectivo "Afectados por el Pomar", compromete seriamente la capacidad económica del conjunto para atender los gastos de funcionamiento y cumplir con el pago de servicios esenciales.

De acuerdo con la comunidad, el embargo se produjo tras una demanda presentada por la empresa M&O Seguridad Ltda., la cual reclama el pago de facturas correspondientes a varios meses de 2025. El proceso fue conocido por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagué, que decretó la medida cautelar sobre la cuenta bancaria de la copropiedad.

Los residentes sostienen que el origen de esta crisis estaría relacionado con una cartera superior a los 385 millones de pesos que, según afirman, mantiene la Constructora El Pomar S.A.S. por concepto de cuotas de administración, cuotas extraordinarias e intereses de inmuebles que aún permanecen bajo su responsabilidad.

Mientras el proceso judicial avanza, la principal preocupación de los propietarios es que la inmovilización de los recursos afecte el pago de servicios indispensables para el funcionamiento del conjunto. Entre ellos mencionan la vigilancia privada, el suministro de energía en las zonas comunes, la operación de los ascensores, las motobombas que abastecen de agua y el mantenimiento general de las instalaciones.

Los habitantes aseguran que más de 1.500 personas podrían verse afectadas por esta situación, pese a que, según indican, la mayoría de los copropietarios ha cumplido oportunamente con el pago de sus cuotas de administración. Consideran que quienes han sido responsables con sus obligaciones hoy terminan asumiendo las consecuencias de una crisis financiera ajena a ellos.

Ante este panorama, la comunidad solicitó a la Constructora El Pomar S.A.S. atender las obligaciones económicas que, según su versión, originaron la crisis, y pidió a la administración provisional emprender las acciones de cobro correspondientes para buscar el levantamiento del embargo y garantizar la continuidad de los servicios básicos dentro del conjunto residencial.