Un nuevo escándalo sacude al sistema penitenciario colombiano luego de la captura de cuatro funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en Medellín, señalados de participar en una red de delitos sexuales y tráfico de estupefacientes al interior de la cárcel de Pedregal. La investigación, adelantada durante cuatro meses, dejó al descubierto un preocupante patrón de conductas irregulares dentro del centro de reclusión.

De acuerdo con las autoridades, los capturados, tres dragoneantes y un auxiliar, habrían utilizado su posición para facilitar el ingreso de elementos prohibidos como drogas, teléfonos celulares y licor. Estos objetos, lejos de ser simples mercancías ilegales, eran utilizados como herramientas de presión contra personas privadas de la libertad.

Las indagaciones revelaron que, presuntamente, los funcionarios exigían favores sexuales a cambio de permitir el acceso a dichos elementos. Incluso, una de las internas habría sido utilizada como intermediaria, al asignársele funciones de control que le permitían contactar a otras reclusas y facilitar su sometimiento a las exigencias de los implicados.

El proceso investigativo incluyó 14 entrevistas, diligencias de reconocimiento y el cruce de información con otros casos judiciales, lo que permitió documentar al menos seis episodios relacionados con delitos sexuales y nueve más vinculados con tráfico de estupefacientes dentro del penal. Además, se estableció que en algunos casos las víctimas habrían sido inducidas al consumo de sustancias para dejarlas en condiciones de vulnerabilidad.

Las capturas se hicieron efectivas en inmediaciones del establecimiento penitenciario y en sectores como Caribe y Castilla. Los cuatro hombres, con edades entre los 22 y 31 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.