La creciente preocupación por la percepción de inseguridad en Ibagué marcó la sesión del consejo de Gobierno realizado este lunes. Durante la reunión, varios miembros del gabinete insistieron en la necesidad de un cambio en la comandancia de la Policía Metropolitana ante las constantes quejas de la ciudadanía y la falta de resultados que permitan recuperar la confianza en la institución.

El llamado más contundente lo hizo el secretario General, Kevin Castañeda, quien cuestionó abiertamente el desempeño policial en los barrios y el temor que expresan los habitantes frente a ciertas zonas y horarios. “A mí me parece horrible, lo digo como parte de la comuna 8, que le digan a la gente que vive con miedo, que no pueden ir hasta X o Y lugar después de cierto horario, si se supone que ese es el rol de nuestra Policía”, afirmó el funcionario, señalando que la comunidad no siente acompañamiento real.

Castañeda también criticó la falta de articulación de la Policía con dependencias clave de la Administración Municipal, como la Secretaría de Movilidad, Gestión del Riesgo e Ibagué Limpia. Según indicó, la desconexión operativa ha dificultado la reacción ante emergencias, el control en zonas críticas y las intervenciones integrales en seguridad.

Y es que, según planteamientos dentro de la misma Administración, el principal obstáculo para ejecutar operativos efectivos en problemas ampliamente denunciados por la ciudadanía habría sido la propia Policía Metropolitana. Uno de los casos más evidentes sería el de los piques ilegales, una práctica que no solo genera accidentes y caos en la movilidad, especialmente en la vía al aeropuerto Perales, sino también ruidos constantes y episodios de inseguridad que tienen cansados a los residentes del sector.

Pese a las reiteradas alertas de la comunidad, las intervenciones parecen haberse estancado sin una explicación convincente. Vecinos aseguran que han reportado en múltiples ocasiones estas carreras clandestinas, el desorden que generan y otras conductas que afectan la convivencia, como el arrojo de basuras. Sin embargo, la percepción extendida es que la respuesta policial ha sido lenta, insuficiente o simplemente inexistente.

En su intervención, el secretario General pidió a la alcaldesa Johana Aranda revisar de manera inmediata la continuidad del actual comandante de la Policía Metropolitana. “Ya son bastantes las quejas, ya es bastante la inconformidad. Ha quedado evidenciado en este Consejo de Gobierno, queda evidenciado en la comunidad, y yo creo que ya es hora de ir pensando en cambiar la dirigencia de la policía, para que la ciudad empiece a cambiar la percepción que tiene”, subrayó.

Aunque el secretario de Gobierno, Francisco Espín ha defendido en distintas ocasiones que muchos de los hechos violentos son casos de intolerancia, o delincuencia común, podría ser esta situación presentada en el consejo de Gobierno, la muestra clara de que la Alcaldía reconoce que la percepción de inseguridad no mejora. La discusión interna dejó claro que el reto no solo es operativo sino también de liderazgo y comunicación con la comunidad.

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Habrá que esperar la decisión de la alcaldesa Johana Aranda sobre si mantiene a la cuota política del diputado Felipe ‘Pipe’ Ferro en la Secretaría de Gobierno o si opta por un relevo, más aún después de los recientes cuestionamientos por su aparente respaldo al concejal petrista-jaramillista del Partido Liberal, Javier Mora, para la Presidencia del Concejo Municipal en 2026. Cabe recordar que Ferro dejará su curul en la Asamblea el próximo 7 de diciembre para lanzarse a la Cámara de Representantes y medirse electoralmente con Carlos Edward Osorio.

Asimismo, queda pendiente la decisión que adopte la alcaldesa Johana Aranda frente a la continuidad en la comandancia de la Policía Metropolitana de Ibagué, un asunto que varios miembros de su gabinete consideran determinante para recuperar la confianza ciudadana en materia de seguridad. Teniendo en cuenta que el coronel Mora asumió el cargo el 5 de junio de 2024, es válido recordar que los cambios en estas comandancias suelen realizarse cada dos años, salvo cuando la primera autoridad del municipio solicita expresamente un relevo. Este escenario cobra mayor relevancia en un momento en el que Aranda ha optado por mantener un tono diplomático en su relación con el Gobierno Nacional.