Las sorpresas que ha dejado el proceso de intervención de la Unidad de Salud de Ibagué (USI) no son menores. Un informe de gestión revela un panorama preocupante en la ejecución de obras de infraestructura que, pese a contar con recursos desde 2025, registraban avances mínimos y múltiples inconsistencias.

Según el documento, los contratos fueron suscritos en octubre de 2025 con cuatro consorcios y tenían como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del mismo año. Sin embargo, al momento de la toma de posesión por parte de la Superintendencia, el 9 de diciembre, lo que se encontró fue un escenario crítico: tras más de un mes, los trabajos apenas se limitaban a actividades preliminares como desmontes, sin avances significativos y con obras prácticamente paralizadas.

Pero eso no fue todo. Durante la revisión técnica se detectaron irregularidades en las intervenciones, especialmente en modificaciones de cubiertas que no cumplían con las especificaciones contractuales, lo que encendió las alarmas sobre la calidad y el manejo de los recursos.

Ante este panorama, la nueva gerente interventora, Edilma Hurtado, tuvo que intervenir de inmediato. El 22 de diciembre se citó a los contratistas para exigir ajustes técnicos y se iniciaron visitas a 16 puestos y centros de salud con el fin de reencauzar los proyectos.

Aunque las obras lograron reactivarse el 26 de febrero de 2026, los problemas persisten. Los contratistas solicitaron una prórroga de 60 días y, aun así, los avances continúan por debajo de lo esperado, evidenciando retrasos que siguen generando preocupación.

El impacto no solo ha sido administrativo. La situación ha afectado directamente la prestación del servicio de salud en varios sectores de la ciudad, obligando a implementar medidas de contingencia como el refuerzo de equipos básicos, la asignación de personal de enfermería y la presencia de médicos en zonas afectadas.

Además, el caso ya fue puesto en conocimiento de organismos de control, y no se descartan acciones jurídicas contra los contratistas en caso de confirmarse incumplimientos, lo que podría derivar en sanciones y exigencia de garantías.

Así las cosas, la intervención a la USI no solo dejó al descubierto retrasos y fallas técnicas, sino también serias dudas sobre la ejecución de los recursos y el cumplimiento de los contratos. Mientras tanto, la lupa sigue puesta sobre estos proyectos que, lejos de avanzar al ritmo esperado, continúan en deuda con la salud de los ibaguereños.