En medio de crecientes cuestionamientos por el aumento en el impuesto predial, expertos en temas jurídicos y catastrales advirtieron que en la ciudad podría gestarse un nuevo “predialazo”, ante presuntas irregularidades en la actualización catastral adelantada por la Administración Municipal.

Durante un debate desarrollado en Econoticias, el exsecretario de Planeación, Leandro Vera, y el abogado Over Ángelo Lemus señalaron que la falta de acceso a la información técnica y jurídica del proceso, sumado a posibles vicios de forma en el acto administrativo, estaría generando un escenario de inseguridad jurídica para miles de contribuyentes. 

Según indicaron, la no publicación oportuna de los anexos técnicos que sustentan los avalúos podría dejar sin sustento legal los incrementos aplicados.

Uno de los puntos más sensibles gira en torno a la forma en que se habrían realizado los avalúos. De acuerdo con los expertos, existirían casos en los que no se efectuaron visitas predio a predio, pese a que el contrato contemplaba este procedimiento, lo que pondría en duda la precisión de los valores establecidos. 

A esto se suma la inclusión de áreas comunes en propiedades horizontales dentro del cálculo del avalúo, lo que, según advierten, podría representar una afectación adicional para los propietarios.

Asimismo, se cuestionó el uso de metodologías basadas en zonas homogéneas sin la debida socialización ni claridad sobre los criterios utilizados. Este sistema agrupa sectores con características similares para definir el valor del suelo, pero sin información pública suficiente, los ciudadanos no tendrían herramientas para controvertir los resultados.

A esto se suma que, según lo expuesto en el debate, varios contribuyentes han reportado incrementos desproporcionados en sus avalúos, incluso con diferencias que superarían ampliamente los referentes nacionales. 

Esta situación ha encendido las alarmas sobre la posibilidad de que los valores no estén respondiendo a estudios técnicos ajustados a la realidad económica y urbanística de la ciudad.

“La administración debe publicar los estudios técnicos y garantizar transparencia para generar confianza en la ciudadanía”, advirtió Over Ángelo Lemus, quien insistió en que el proceso no puede realizarse únicamente desde escritorio sin reflejar la realidad del territorio.

Otro de los puntos que genera preocupación es la falta de acceso incluso para concejales y sectores técnicos a las bases de cálculo del catastro, lo que, según los analistas, limita la posibilidad de ejercer control político y técnico sobre una decisión que impacta directamente el bolsillo de los ciudadanos. 

En ese sentido, también se insistió en la necesidad de conformar un comité técnico independiente que permita revisar el proceso.

El debate también puso sobre la mesa el impacto social del incremento en el predial. Se conocieron denuncias de aumentos significativos, incluso superiores a los avalúos realizados por entidades nacionales, lo que ha generado inconformidad generalizada y motivado reclamaciones en distintos sectores de la ciudad.

“Si no existe una información verídica y un comité técnico que respalde lo realizado, lo que se avecina es una nueva movilización social en Ibagué”, advirtió Leandro Vera al cierre del debate.

Finalmente, se hizo un llamado a la Administración Municipal para que adopte medidas urgentes como la revocatoria directa del acto administrativo, en caso de comprobarse los vicios señalados, y garantizar que cualquier nueva actualización se realice con estudios técnicos ajustados a la realidad y con plena publicidad. 

De no atenderse estas solicitudes, advierten, podría desencadenarse una nueva ola de movilizaciones ciudadanas en Ibagué.