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¡Atención! Consejo de Estado ordena desalojo de “Villa Resistencia” en Ibagué

Fallo de segunda instancia mantiene órdenes al Municipio y a la Policía para recuperar terreno ocupado por “Villa Resistencia”.
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16 Feb 2026 - 7:55 COT por Sergio Reyes

El Consejo de Estado confirmó la sentencia que ordena al Municipio de Ibagué y a la Policía Metropolitana ejecutar acciones para recuperar el predio invadido en la Ciudadela Simón Bolívar, tras evidenciar afectaciones a la seguridad, el espacio público y el ambiente.

La decisión de segunda instancia resolvió el recurso de apelación presentado por el Municipio de Ibagué contra el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima que amparó los derechos colectivos de los residentes de las manzanas 77 a 83 de la tercera etapa de la Ciudadela Simón Bolívar.

La demanda fue interpuesta por habitantes del sector, quienes denunciaron que la invasión conocida como “Villa Resistencia” generó incremento de hurtos, tráfico de estupefacientes, deforestación y ocupación ilegal del espacio público, deteriorando la seguridad y la calidad de vida de la comunidad.

El alto tribunal concluyó que, aunque se han realizado operativos y procesos administrativos, las medidas no han sido suficientes para evitar nuevas ocupaciones ni garantizar la recuperación definitiva del predio, por lo que confirmó las órdenes impartidas en primera instancia.

Entre las disposiciones, el Municipio deberá actualizar el censo de la población asentada y, posteriormente, iniciar y ejecutar el desalojo del terreno en coordinación con Policía, Cortolima, Fiscalía y demás entidades. Para cumplir con esta orden, las autoridades tendrán un plazo máximo de seis meses.

Además, se ordenaron operativos periódicos contra estructuras delincuenciales, vigilancia permanente para evitar nuevas invasiones y el diseño de un proyecto de espacio público recreativo en el terreno recuperado.

“Existe vulneración de los derechos colectivos con ocasión del asentamiento ilegal, pues se probó el aumento de hechos delincuenciales y la afectación a la percepción de seguridad en el sector”, concluyó la decisión judicial.


Con el fallo en firme, el Municipio y la Policía deberán ejecutar el desalojo y garantizar la recuperación del predio, mientras un comité de verificación hará seguimiento al cumplimiento de las órdenes.