El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) hizo un llamado de atención a la Alcaldía de Ibagué tras evidenciar que más de 7.000 adultos mayores vulnerables quedaron sin acceso al subsidio Colombia Mayor, pese a que el Gobierno nacional había habilitado cerca de 9.000 cupos para la ciudad durante 2025.

Según el informe del Plan Operativo Anual (POA) 2025, la capital del Tolima registró uno de los desempeños más bajos en la implementación del programa Colombia Mayor, que entrega un apoyo económico mensual de 230 mil pesos a adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

Las cifras revelan que solo se logró la inscripción de 1.800 beneficiarios, dejando por fuera a más de 7.000 personas que pudieron haber accedido al subsidio nacional. El resultado encendió las alarmas en el DPS, que atribuyó la baja cobertura a fallas en la gestión local.

La gerente regional del DPS en el Tolima, Tatiana García, aseguró que la situación estuvo relacionada con problemas estructurales en la administración municipal.

“En Ibagué teníamos una base potencial de cerca de 10 mil adultos mayores, pero solo se logró inscribir aproximadamente a 1.800. Esa cifra es muy compleja y tiene que ver, principalmente, con la no garantía de un equipo completo para adelantar las inscripciones”, afirmó la funcionaria.

García también señaló que, pese a los requerimientos realizados desde el DPS, no se habrían tomado las medidas necesarias para fortalecer el equipo operativo que permitiera cumplir la meta. Incluso, indicó que se ofreció apoyo desde la regional para avanzar en el proceso.

“Propusimos trabajar de la mano, llevando equipos desde la regional, pero la realidad es que al inicio de los eventos masivos la Alcaldía no contaba con el personal necesario. Eso impactó directamente la meta y la posibilidad de ampliar cupos para Ibagué”, explicó la gerente regional.

Mientras miles de adultos mayores en Ibagué continúan esperando un apoyo económico que podría aliviar su situación, el informe del DPS deja en evidencia que la falta de gestión y coordinación institucional terminó pasando factura a una de las poblaciones más vulnerables de la ciudad.