El Tribunal Superior de Ibagué confirmó el pasado 3 de septiembre de 2025 la sentencia que negó la acción popular interpuesta por los habitantes de la urbanización Ambiarikaima, en la comuna 7, quienes buscaban proteger un lote de 1.785 metros cuadrados destinado en 2012 como reserva comunal. La decisión deja sin herramientas jurídicas a la comunidad y refleja el desinterés del Municipio, que durante todo el proceso se habría declarado ajeno a la defensa del predio.

Un predio concebido para la comunidad
El origen del conflicto se remonta a la liquidación de la Fundación Compromiso Social, propietaria del terreno. En la escritura pública No. 1196 de 2012, que legalizó el barrio Ambiarikaima, se estableció la creación de 299 lotes y un área de reserva comunal de 1.785 m². El lote debía destinarse al uso colectivo, pero al estar vinculado a la liquidación de la Fundación nunca fue adjudicado ni al Municipio ni a una entidad de beneficencia.

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Esa omisión abrió la puerta para que en 2018 Jackson Gildardo Barragán Riaño demandara la prescripción adquisitiva de dominio, alegando posesión continua desde 2010.

La batalla de la comunidad
Alarmados, los habitantes promovieron una acción popular para impedir que el lote se privatizara. Julio César Betancourt, presidente de la Junta de Acción Comunal, argumentó que se trataba de un bien de uso colectivo y que debía preservarse como patrimonio público.

No obstante, el Juzgado Tercero Civil del Circuito negó la solicitud y el Tribunal Superior confirmó el fallo al considerar que nunca existieron pruebas de que el predio hubiera pasado a ser público. Según la sentencia, pese a la liquidación de la Fundación, “en manera alguna por tal circunstancia pasaron a ser de propiedad del Ente Territorial”, lo que ratifica su naturaleza privada.

El papel del Municipio en entredicho
Uno de los aspectos más cuestionados fue la actitud del Municipio de Ibagué. Durante el proceso, la Oficina Jurídica habría sostenido a la comunidad que “no tiene interés alguno en hacerse parte del mecanismo de protección de derechos constitucionales toda vez que el conflicto se suscita entre particulares y bienes de dominio privado”. Incluso, la Procuraduría habría recibido copias para investigar la inasistencia de la Alcaldía a una audiencia clave en junio de 2025. Para la comunidad, esta pasividad fue determinante en el fallo.

Un vacío que se convirtió en parqueadero
Actualmente el predio funciona como parqueadero, lo que aumenta la molestia de los habitantes que esperaban un espacio comunitario en un sector con escasez de zonas verdes y equipamientos sociales. La sentencia deja en firme la imposibilidad de reclamarlo como bien público, aunque no resuelve el malestar de fondo: el abandono institucional.

¿Y ahora qué?
Con el fallo en contra, la comunidad analiza nuevas vías, incluso de presión social, para exigir a la alcaldesa Johana Aranda que actúe. Si bien jurídicamente el camino se estrecha, persiste la expectativa de que el Municipio reconozca la importancia social del predio y busque fórmulas para recuperarlo o compensar a los habitantes.

Lo cierto es que, por la falta de gestión en la liquidación de la Fundación Compromiso Social y la falta de interés en el litigio, la Alcaldía dejó escapar un terreno que pudo ser patrimonio de la comuna 7.