Tribunal ordena desalojo de Villa Resistencia y exige construir parque recreativo en el predio
El Tribunal Administrativo del Tolima ordenó a la Alcaldía de Ibagué y a la Policía Metropolitana ejecutar el desalojo del asentamiento ilegal Villa Resistencia, ubicado entre las manzanas 77 y 83 del barrio Ciudadela Simón Bolívar Tercera Etapa. Además, exigió que el predio, una vez recuperado, se transforme en un espacio recreativo de uso público para la comunidad del sector.
La decisión judicial, firmada el pasado 19 de junio por el magistrado John Libardo Andrade Flórez, da respuesta a una acción popular interpuesta por los residentes de la tercera etapa de la Ciudadela Simón Bolívar, quienes denunciaron afectaciones a su seguridad, la salubridad pública, el medio ambiente y el espacio público, como consecuencia directa de la ocupación ilegal.
Una invasión que desbordó a las autoridades
Villa Resistencia surgió en 2021 tras el estallido social, y desde entonces ha crecido descontroladamente. La comunidad afectada reportó la presencia de delitos como hurtos, tráfico de estupefacientes, deforestación y conexiones ilegales a servicios públicos.
El fallo concluye que tanto el Municipio de Ibagué como la Policía Nacional incurrieron en omisiones que facilitaron la permanencia del asentamiento, pese a varias acciones administrativas como la Resolución 1500-00224 del 3 de agosto de 2022, que ya había ordenado su desalojo.
“El esfuerzo del Municipio ha sido casi nulo, permitiendo incluso la construcción indiscriminada de más unidades de vivienda”, señaló la sentencia, y agregó que las autoridades no implementaron medidas efectivas para impedir el reingreso de los ocupantes tras desalojos anteriores.
Plazos y medidas ordenadas por el Tribunal
El Tribunal ordenó que:
- En un plazo de dos meses, la Alcaldía debe actualizar el censo y la caracterización socioeconómica de las personas asentadas, garantizando su acceso a la oferta institucional de subsidios de vivienda.
- En un plazo máximo de seis meses, deberá ejecutarse el desalojo completo con acompañamiento de la Policía Nacional, seguido del cerramiento del lote para evitar nuevas invasiones.
- Una vez recuperado el terreno, se deberá presentar un proyecto para convertir el área en un espacio público recreativo, con planeación, diseño y cronograma de ejecución.
Estas acciones, resalta el fallo, deben ser ejecutadas respetando los derechos humanos de las familias ocupantes, en línea con los estándares establecidos por la Corte Constitucional, como notificación previa, presencia de autoridades, asistencia jurídica y garantías de vivienda.
Respuestas de las entidades accionadas
En su defensa, el Municipio de Ibagué alegó haber actuado de buena fe y presentado avances como la caracterización de 946 personas en Villa Resistencia. Sin embargo, el Tribunal concluyó que las actuaciones fueron insuficientes, dilatadas y sin impacto real.
Por su parte, la Policía Nacional afirmó que ha ejecutado patrullajes y desalojos en al menos tres oportunidades, pero responsabilizó al Municipio por no implementar las obras necesarias para impedir la reocupación del predio.
Ambas instituciones fueron declaradas responsables de la vulneración de los derechos colectivos.
La zozobra de los vecinos frente a la situación de inseguridad
El caso de Villa Resistencia no es aislado. La decisión del Tribunal reitera el deber de las autoridades municipales de proteger el espacio público, evitar la consolidación de asentamientos informales y garantizar soluciones habitacionales dignas.
En palabras del magistrado Andrade, “la acción policial se ha limitado a hacer presencia como en los demás sectores de la ciudad, sin tener en cuenta las particularidades del fenómeno”, por lo que se exige una respuesta estructural y diferenciada.
Por ahora, los habitantes de los distintos sectores aledaños al asentamiento, continúan aquejando situaciones de inseguridad, las cuales deberán padecer, por algún tiempo más, mientras se hace efectiva la orden del Tribunal, o por el contrario, se apela en segunda instancia.
