La Procuraduría General de la Nación reiteró un requerimiento formal a la alcaldesa de Ibagué y al secretario de Desarrollo Social, exigiendo acciones inmediatas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales con las víctimas del conflicto armado, especialmente en lo relacionado con la entrega de ayudas humanitarias inmediatas (AHI).

El ente de control, a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, manifestó por tercera vez su preocupación ante la falta de acciones efectivas por parte del municipio, que desde finales de 2024 no ha garantizado la entrega de estas ayudas, establecidas como un derecho en la Ley 1448 de 2011 y reforzadas mediante la Ley 2421 de 2024.

Según el Ministerio Público, la denuncia fue sustentada con información aportada por la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, así como con datos del sistema CIPRAT, los cuales evidencian que actualmente no existe contrato ni convenio vigente que permita ejecutar la entrega de estos apoyos.

“La administración municipal tiene la obligación de asegurar los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para cumplir con los planes y programas de prevención, atención, reparación integral y garantías de no repetición", indicó la Procuraduría.

El organismo de control advirtió que continuará con el seguimiento estricto al cumplimiento de las disposiciones legales en materia de justicia transicional, con el fin de proteger los derechos de la población víctima del conflicto armado en Ibagué.