El gobierno de Estados Unidos impuso a partir de hoy sobrecosto a los productos colombianos que no estén expresamente exceptuados bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, pasando de tener un arancel del 10 % a uno del 12.5 %. 

La medida responde a que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos considera que Colombia aún no cuenta con una prohibición efectiva contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Es importante aclarar que esto no significa que las exportaciones colombianas sean producidas con trabajo forzoso. El cuestionamiento está dirigido al sistema institucional con el que Colombia controla lo que importa desde terceros países. 

El impacto va a ser desigual. Productos como café, petróleo, oro, banano, aguacate y ciertos azúcares están excluidos. Pero sectores como flores, confecciones, algunas confiterías, algunos chocolates, alimentos procesados, cosméticos y otras manufacturas podrían enfrentar este nuevo costo y deberán revisar cada código arancelario para determinarlo. 

Aunque el arancel formalmente lo paga el importador en Estados Unidos puede trasladarse al exportador colombiano mediante menores precios, costos mayores al consumidor o repartirse entre ambos. Esto reduce por supuesto, márgenes y competitividad para los productos colombianos, especialmente frente a países que recibieron una tarifa menor o mayores excepciones, dijo la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture. 

“Colombia sí tiene un camino para buscar la reducción o eliminación del arancel. Con la llegada del nuevo gobierno, la buena dinámica entre ambos países y la voluntad de encontrar soluciones expresada tanto por el Vicepresidente electo como por el Ministro de Comercio designado existe un optimismo prudente sobre la posibilidad de avanzar rápidamente en la adopción y aplicación de medidas requeridas a partir de resultados verificables, solicitar a Estados Unidos la revisión del arancel”, dijo la dirigente.

La prioridad es actuar rápido de forma coordinada entre el Gobierno, empresas, gremios para proteger las exportaciones y recuperar la competitividad exportadora de forma contundente y estructural.