El presidente de SINDOFIBAL, Jorge Raúl Ballesteros Patiño, reaccionó a la decisión del Ministerio del Trabajo de confirmar la sanción superior a 499 millones de pesos contra el IBAL y aseguró que el proceso no debe terminar con el pago de la multa por parte de la empresa.

Aunque reconoció que la ratificación del fallo representa un respaldo a los derechos laborales de los trabajadores, el dirigente sindical afirmó que ahora corresponde determinar quiénes fueron los responsables del incumplimiento que originó la sanción.

"Esto tiene que continuar y tiene que haber un culpable porque la empresa no es la que finalmente debe pagar toda esa suma de dinero por la irresponsabilidad de, en ese tiempo, la gerente Érika Melisa Palma, quien permitió que esto sucediera", manifestó.

Ballesteros recordó que la investigación inició tras la queja presentada por el sindicato por la falta de entrega oportuna de la dotación correspondiente a 2024, situación que, según el Ministerio del Trabajo, vulneró la convención colectiva y afectó las condiciones laborales del personal operativo.

El dirigente también destacó el trabajo adelantado por la Dirección Territorial Tolima del Ministerio del Trabajo durante la investigación y aseguró que la decisión confirma que las denuncias presentadas por la organización sindical tenían fundamento.

"Después de cerca de cuatro años de proceso e investigación, hoy nos hallan la razón. Los trabajadores encontramos respaldo en el Ministerio del Trabajo", afirmó.

La sanción, confirmada mediante la Resolución 446 del 14 de julio de 2026, mantiene la multa de $499.531.584 impuesta al IBAL por no entregar oportunamente el vestuario y el calzado de dotación durante 2024, incumplimiento que, según la autoridad laboral, afectó la negociación colectiva, la buena fe y la seguridad de los trabajadores.