El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué concedió una acción de tutela a favor de Diego Alonso Amaya Montejo, exrepresentante legal de la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda., al concluir que la Superintendencia de Transporte habría vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, la contradicción y la defensa al imponerle una inhabilidad para ejercer el comercio por diez años sin un procedimiento previo que le permitiera ejercer plenamente su derecho de defensa.

La decisión judicial deja sin efectos, de manera transitoria y únicamente respecto al accionante, las resoluciones 2004 del 13 de marzo y 7922 del 3 de junio de 2026, mediante las cuales la Superintendencia ordenó su remoción del cargo y le impuso la inhabilidad, medidas adoptadas en el marco del proceso de intervención y control que enfrenta Velotax desde 2016.

En la tutela, Amaya Montejo argumentó que fue nombrado representante legal de la cooperativa en enero de 2026 y que ejerció el cargo durante menos de dos meses, por lo que consideró que no podía ser responsabilizado por una crisis administrativa que se originó una década atrás. Además, sostuvo que la autoridad de transporte no formuló un pliego de cargos ni le permitió ejercer su defensa antes de imponer la sanción.

Aunque la Superintendencia defendió que se trataba de medidas administrativas de control y no de un proceso sancionatorio, el juzgado concluyó que una inhabilidad para ejercer el comercio durante diez años tiene efectos materialmente sancionatorios y, por tanto, exige el cumplimiento de las garantías previstas en el artículo 29 de la Constitución, entre ellas el derecho a ser escuchado antes de adoptar una decisión que afecte gravemente los derechos de una persona.

El despacho también advirtió que la medida comprometía el mínimo vital del accionante y de su núcleo familiar, razón por la cual ordenó suspender provisionalmente sus efectos mientras se resuelve de fondo la controversia en la jurisdicción contencioso-administrativa.

La protección concedida por el juzgado tiene carácter transitorio. Para mantenerla, Diego Alonso Amaya Montejo deberá presentar, dentro de los próximos cuatro meses, una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Transporte, proceso en el que se definirá la legalidad de las decisiones cuestionadas.