Tal y como lo anunció en los últimos días el presidente Gustavo Petro y su gabinete firmaron anoche el decreto 150 de febrero de 2026 en el cual se declara la emergencia económica social y ambiental para ocho departamentos del país.

El Gobierno busca mediante este mecanismo de excepción recaudar unos ocho billones de pesos con destino a atender los estragos que ha dejado hasta el momento las fuertes lluvias en Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira y Chocó.

La iniciativa gubernamental retoma muchos de los temas que fueron negados por el Congreso y que fueron aplazados por la Corte Constitucional para aumentar el recaudo en Colombia.

Se destaca un impuesto al patrimonio  del 0,6 % a 1,2 %, para personas jurídicas con patrimonios superiores a 10 mil millones de pesos, además de sobretasas al sector financiero y mayores impuestos al tabaco y alcohol.

Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el incremento en el impuesto al patrimonio impactaría a unas 15 mil empresas.

Según el gobierno la declaratoria se debe a la crisis invernal y al deterioro de las cuentas fiscales, con un déficit que podría alcanzar el 7,6 % del PIB, uno de los más altos en la historia del país.

Desde ya la decisión del Gobierno tiene resistencia en el Congreso, pues algunos de los parlamentarios han cuestionado la necesidad de los decretos, la falta de eficiencia en el gasto y la oportunidad de la medida, con el decreto previo (1390 de 2025) suspendido provisionalmente por la Corte Constitucional.

En el sector empresarial el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, criticó la medida del Gobierno y señaló que medidas como estas reducen la capacidad de inversión de las empresas y lesiona el crecimiento económico.

La emergencia, considerada la cuarta en lo que va del gobierno de Gustavo Petro, refleja una situación fiscal estructuralmente difícil.